El legado del fujimorismo: De tal palo, tal astilla

Para llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori se ha cubierto del manto del legado de su padre. En más de una ocasión ha afirmado que el gobierno de Alberto Fujimori fue el mejor que ha tenido el Perú en toda su historia.

Ahora que busca ir más allá del voto naranja, intenta moderar su discurso. Ante preguntas de medios afines (¡ahora casi todos!), ha reconocido que el gobierno de su padre fue autoritario, pero jamás acepta que tiene responsabilidad por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En una entrevista reciente, Keiko Fujimori afirma que los militares cometieron los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y si su padre cometió un error fue al no castigarlos inmediata y severamente.

A la desmemoriada Keiko Fujimori y sus simpatizantes, habría que recordarles que, tal como ha sido probado en el más alto tribunal de la justicia del país, su padre armó la estructura política y militar que permitió que esas violaciones se dieran. Es más: su padre hizo todo lo posible por negar la existencia de dichas violaciones y por proteger a sus autores, incluso la promulgación de las leyes de amnistía de 1995. Juega con la idea de que el mismo Fujimori mantuvo a lo largo del juicio en su contra por violaciones de los derechos humanos: salvó al Perú del terrorismo pero no es responsable de cualquier acto violatorio de los derechos humanos que se cometió en el camino. O sea, es el autor mediato de la lucha contra el terrorismo, pero no de las graves violaciones que se cometieron como parte de ella. No, pues.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel —en un juicio imparcial que garantizó con pulcritud su derecho al debido proceso— por tres casos: la masacre de 15 personas, incluso un niño de ocho años, en Barrios Altos; la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta; y los secuestros de los sótanos del SIE. Pero no fueron los únicos casos de violaciones de los derechos humanos cometidos durante su gobierno. Tal como señala el fallo condenatorio a Fujimori, el temible Grupo Colina, escuadrón de la muerte creado al interior de las Fuerzas Armadas con el aval de Alberto Fujimori, responsable por Barrios Altos y La Cantuta, cometió una serie de asesinatos y desapariciones por los cuales no ha sido enjuiciado Fujimori (debido a las reglas del tratado de extradición con Chile), tales como la desaparición de los campesinos de Santa, la desaparición del periodista Pedro Yauri y el asesinato de la familia Ventocilla.

Pero la violación de los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori va más allá aun de los casos cometidos por el Grupo Colina. Está el tema de la detención arbitraria de miles de peruanos y peruanas por la draconiana legislación antiterrorista de 1992. El mismo Fujimori se vio obligado a nombrar una Comisión Ad Hoc para revisar estos casos y indultó a más de 500 personas (miles más fueron indultados luego durante el gobierno de transición). No fueron terroristas, como Keiko Fujimori insinuó en el debate presidencial anterior a las elecciones, sino inocentes —y por eso fueron indultados—.

Está el tema de la desaparición forzada, una práctica de las fuerzas de seguridad desde los años ochenta que continuaba a inicios de los noventa. Algunos de estos casos cometidos durante los noventa ya han sido judicializados y sus autores materiales sancionados, como en el caso de la desaparición forzada del estudiante universitario Ernesto Castillo Páez o las autoridades locales de Chuschi. Pero otros no, como la desaparición del activista de derechos humanos de Huancavelica Angel Escobar Jurado, o los estudiantes Martín Javier Roca Casas y Kenneth Ney Anzualdo, quienes protestaron por la presencia de agentes de inteligencia al interior de la Universidad Nacional del Callao y luego fueron desaparecidos —y, según el testimonio del agente del Grupo Colina Jesús Sosa Saavedra, torturados y luego calcinados en los sótanos del SIE—.

Culpa a Montesinos y la fuerzas de seguridad para limpiar a su padre, tapando el sol con un dedo, pues fue su padre quien dio poder a Montesinos y cogobernó con las Fuerzas Armadas, a las que corrompió.

Hubo ejecuciones extrajudiciales en comunidades campesinas como Chumbivilcas, Santa Bárbara y otras. Ejecuciones extrajudiciales de personas que el régimen fujimorista consideró peligrosas por sus críticas al régimen, como el asesinato del secretario general de la CGTP Pedro Huilca Tecse. Ejecuciones extrajudiciales de personas rendidas, violación de toda ley de guerra, tal como se dio luego del rescate en la residencia del Embajador de Japón y luego del autogolpe en el penal Castro Castro.
Pero no se puede quedar ahí. El gobierno de Alberto Fujimori no solo violó los derechos humanos al matar, torturar y desaparecer a personas consideradas enemigas del régimen. También violó los derechos humanos al usurpar el poder, limitar la libertad de prensa, usurpar las funciones de otros poderes del Estado, corromper a los medios de comunicación y robar descaradamente de la arca pública. Gobernar con base en el miedo también viola los derechos humanos de los ciudadanos que no se sienten entonces seguros de poder ejercer libremente sus derechos de expresarse y de asociarse.

¿Será diferente un gobierno de su hija Keiko Fujimori? Difícil imaginarlo. Su intento de ir más allá de su base naranja queda chico, por decir lo menos. Ha reconocido el carácter autoritario del gobierno de su padre, y que se mató a los estudiantes de La Cantuta. Pero niega lo principal, lo evidente: que su padre fue el hilo conductor de un régimen nefasto que destruyó las ya debilitadas instituciones democráticas en el país, envileció a la política y gobernó con un arma como el miedo, la violación de los derechos humanos y la corrupción. Culpa a Montesinos y la fuerzas de seguridad para limpiar a su padre, tapando el sol con un dedo, pues fue su padre quien dio poder a Montesinos y cogobernó con las Fuerzas Armadas, a las que corrompió para mantenerse en el poder. Por años Keiko Fujimori ha prometido que indultaría a su padre al ser elegida presidenta, pero ahora jura “por Dios” que no lo hará, probablemente segura de que otros lo harán para que ella quede limpia. De tal palo, tal astilla. (Jo-Marie Burt)