El legado del fujimorismo: De tal palo, tal astilla

Para llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori se ha cubierto del manto del legado de su padre. En más de una ocasión ha afirmado que el gobierno de Alberto Fujimori fue el mejor que ha tenido el Perú en toda su historia.

Ahora que busca ir más allá del voto naranja, intenta moderar su discurso. Ante preguntas de medios afines (¡ahora casi todos!), ha reconocido que el gobierno de su padre fue autoritario, pero jamás acepta que tiene responsabilidad por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En una entrevista reciente, Keiko Fujimori afirma que los militares cometieron los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y si su padre cometió un error fue al no castigarlos inmediata y severamente.

A la desmemoriada Keiko Fujimori y sus simpatizantes, habría que recordarles que, tal como ha sido probado en el más alto tribunal de la justicia del país, su padre armó la estructura política y militar que permitió que esas violaciones se dieran. Es más: su padre hizo todo lo posible por negar la existencia de dichas violaciones y por proteger a sus autores, incluso la promulgación de las leyes de amnistía de 1995. Juega con la idea de que el mismo Fujimori mantuvo a lo largo del juicio en su contra por violaciones de los derechos humanos: salvó al Perú del terrorismo pero no es responsable de cualquier acto violatorio de los derechos humanos que se cometió en el camino. O sea, es el autor mediato de la lucha contra el terrorismo, pero no de las graves violaciones que se cometieron como parte de ella. No, pues.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel —en un juicio imparcial que garantizó con pulcritud su derecho al debido proceso— por tres casos: la masacre de 15 personas, incluso un niño de ocho años, en Barrios Altos; la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta; y los secuestros de los sótanos del SIE. Pero no fueron los únicos casos de violaciones de los derechos humanos cometidos durante su gobierno. Tal como señala el fallo condenatorio a Fujimori, el temible Grupo Colina, escuadrón de la muerte creado al interior de las Fuerzas Armadas con el aval de Alberto Fujimori, responsable por Barrios Altos y La Cantuta, cometió una serie de asesinatos y desapariciones por los cuales no ha sido enjuiciado Fujimori (debido a las reglas del tratado de extradición con Chile), tales como la desaparición de los campesinos de Santa, la desaparición del periodista Pedro Yauri y el asesinato de la familia Ventocilla.

Pero la violación de los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori va más allá aun de los casos cometidos por el Grupo Colina. Está el tema de la detención arbitraria de miles de peruanos y peruanas por la draconiana legislación antiterrorista de 1992. El mismo Fujimori se vio obligado a nombrar una Comisión Ad Hoc para revisar estos casos y indultó a más de 500 personas (miles más fueron indultados luego durante el gobierno de transición). No fueron terroristas, como Keiko Fujimori insinuó en el debate presidencial anterior a las elecciones, sino inocentes —y por eso fueron indultados—.

Está el tema de la desaparición forzada, una práctica de las fuerzas de seguridad desde los años ochenta que continuaba a inicios de los noventa. Algunos de estos casos cometidos durante los noventa ya han sido judicializados y sus autores materiales sancionados, como en el caso de la desaparición forzada del estudiante universitario Ernesto Castillo Páez o las autoridades locales de Chuschi. Pero otros no, como la desaparición del activista de derechos humanos de Huancavelica Angel Escobar Jurado, o los estudiantes Martín Javier Roca Casas y Kenneth Ney Anzualdo, quienes protestaron por la presencia de agentes de inteligencia al interior de la Universidad Nacional del Callao y luego fueron desaparecidos —y, según el testimonio del agente del Grupo Colina Jesús Sosa Saavedra, torturados y luego calcinados en los sótanos del SIE—.

Culpa a Montesinos y la fuerzas de seguridad para limpiar a su padre, tapando el sol con un dedo, pues fue su padre quien dio poder a Montesinos y cogobernó con las Fuerzas Armadas, a las que corrompió.

Hubo ejecuciones extrajudiciales en comunidades campesinas como Chumbivilcas, Santa Bárbara y otras. Ejecuciones extrajudiciales de personas que el régimen fujimorista consideró peligrosas por sus críticas al régimen, como el asesinato del secretario general de la CGTP Pedro Huilca Tecse. Ejecuciones extrajudiciales de personas rendidas, violación de toda ley de guerra, tal como se dio luego del rescate en la residencia del Embajador de Japón y luego del autogolpe en el penal Castro Castro.
Pero no se puede quedar ahí. El gobierno de Alberto Fujimori no solo violó los derechos humanos al matar, torturar y desaparecer a personas consideradas enemigas del régimen. También violó los derechos humanos al usurpar el poder, limitar la libertad de prensa, usurpar las funciones de otros poderes del Estado, corromper a los medios de comunicación y robar descaradamente de la arca pública. Gobernar con base en el miedo también viola los derechos humanos de los ciudadanos que no se sienten entonces seguros de poder ejercer libremente sus derechos de expresarse y de asociarse.

¿Será diferente un gobierno de su hija Keiko Fujimori? Difícil imaginarlo. Su intento de ir más allá de su base naranja queda chico, por decir lo menos. Ha reconocido el carácter autoritario del gobierno de su padre, y que se mató a los estudiantes de La Cantuta. Pero niega lo principal, lo evidente: que su padre fue el hilo conductor de un régimen nefasto que destruyó las ya debilitadas instituciones democráticas en el país, envileció a la política y gobernó con un arma como el miedo, la violación de los derechos humanos y la corrupción. Culpa a Montesinos y la fuerzas de seguridad para limpiar a su padre, tapando el sol con un dedo, pues fue su padre quien dio poder a Montesinos y cogobernó con las Fuerzas Armadas, a las que corrompió para mantenerse en el poder. Por años Keiko Fujimori ha prometido que indultaría a su padre al ser elegida presidenta, pero ahora jura “por Dios” que no lo hará, probablemente segura de que otros lo harán para que ella quede limpia. De tal palo, tal astilla. (Jo-Marie Burt)

Pronunciamiento colectivo frente a la segunda vuelta electoral y al desempeño del próximo gobierno nacional

El país debe elegir a su próximo Presidente entre los dos candidatos que lograron pasar a la segunda vuelta por decisión legítima de la mayoría de los electores. Ese triunfo electoral no disipa, sin embargo, las dudas que, en distintos grados y por diversos motivos, dichos candidatos generan respecto del futuro de nuestra democracia y de la afirmación de un país con paz, equidad y bienestar. En esas circunstancias, los ciudadanos y las organizaciones firmantes creemos que es nuestro deber hacer este pronunciamiento, el cual puede ser suscrito por otras personas y entidades independientemente de la opción que, muy naturalmente, hayan tomado en consonancia con sus principios. Este es un llamamiento a preservar nuestra actitud crítica y vigilante en defensa de un futuro democrático y justo para los peruanos.

El próximo gobierno tiene la obligación de respetar los pilares fundamentales de nuestra vida política y jurídica, incluyendo el principio de no reelección inmediata, así como el deber de asegurar la estabilidad económica y la libertad de los agentes económicos dentro de los límites de la moral y el derecho, orientando el quehacer del mercado hacia avances sustantivos para un desarrollo económico equitativo, incluyente y sostenible.

Por su parte la sociedad organizada debe asumir el papel de vigilar que el nuevo gobierno cumpla esas obligaciones en ámbitos fundamentales. De allí se desprende que:

1.Será esencial que el futuro gobierno garantice las libertades civiles de los ciudadanos y su igualdad ante la ley; mantenga la independencia de los poderes y en particular respete los fueros del Poder Judicial y sus sentencias. Asimismo será fundamental que asegure el respeto pleno de las libertades de prensa y de opinión.

2.Se deberá cumplir el Plan Nacional de Derechos Humanos. En concordancia con ello habrá un serio compromiso en la protección de esos derechos y en la reparación integral de todos quienes fueron víctimas de la violencia. Se deberá garantizar juicios independientes a los presuntos responsables de los crímenes, se acatará las decisiones o recomendaciones de las instancias internacionales de protección de derechos humanos, se rechazará toda acción que resulte en la impunidad de quienes hayan violado esos derechos, y se realizará reformas institucionales que eviten la repetición de los horrores del pasado.

3.Ha de emprenderse una decidida acción estatal contra los delitos de corrupción. Para ello, el gobierno deberá fortalecer el sistema de lucha contra la corrupción. Será necesario practicar la transparencia de la administración pública en todo nivel, ejercer el control administrativo y judicial de los delitos e impulsar la participación ciudadana en la fiscalización del manejo de los asuntos públicos.

4.Se deberá combatir, efectivamente y con respeto de la dignidad humana, la situación de pobreza y exclusión que afecta a un inmenso número de compatriotas. Se implementará las políticas de Estado del Acuerdo Nacional para fortalecer la democracia y el Estado de derecho y lograr un desarrollo económico efectivo y sostenible, así como se fortalecerá y se optimizará los programas sociales. Será indispensable dejar de lado las prácticas clientelistas que expresan una patente inefectividad gubernamental al tiempo que lesionan gravemente la dignidad de los ciudadanos.

Invitamos a otras organizaciones y personas afines a estas ideas a adherirse a ellas y proponemos constituir juntos una alianza cívica para vigilar el cumplimiento de los principios que aquí enunciamos, los cuales no son otros que los de una sociedad democrática.

Entrevista a Salomón Lerner Febres

¿Cuáles han sido los resultados de los Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos impartidos por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP)?

Los Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos han tenido como objetivo central el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil y comprometerla en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en la defensa y promoción activa de los derechos fundamentales.

Para ello, los participantes en esos programas fueron capacitados en diversas disciplinas, que les permitan adquirir conocimientos esenciales en derechos humanos, el funcionamiento de mecanismos de acceso a la justicia y la institucionalidad democrática, además de contar con herramientas para transmitir e implementar la doctrina y normativa en derechos humanos.

Entre 2007 y 2010 se realizaron seis Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos en Ayacucho, Arequipa, Puno, Cajamarca, La Libertad y Ancash, en los que participaron, en total 240 personas (40 por taller). Los participantes expresaron su satisfacción con los programas brindados y la necesidad de repetir experiencias como éstas.

¿Qué consecuencias trae el desconocimiento de nociones básicas en Derechos Humanos?
En primer lugar, el desconocimiento de nociones básicas en derechos humanos por parte de los ciudadanos, coloca a éstos en una situación de vulnerabilidad, debido a que no conocen que situaciones pueden afectar sus derechos, ni la forma cómo reclamarlos o las autoridades a las que deberían acudir para defenderlos.

Si esta situación – bastante común – ya es preocupante, lo es más de lado de las autoridades. No nos referimos aquí a quienes desconocen cuales son los derechos de las personas a las que deben servir, sino, principalmente a aquellas que vulneran sus derechos y a quienes no toman a los derechos humanos como el norte de su actuación cotidiana, así como en la elaboración de políticas públicas.


En términos generales, los temas vinculados a derechos humanos no son muy tocados por los medios de comunicación, dado que, para muchos propietarios de diarios, radios y canales de televisión, dichos temas no atraen mayores índices de lectoría o sintonía.

Cuando los mismos son tocados, se presentan dos bandos diferenciados. De un lado, se encuentran aquellos que señalan que recordar hechos del pasado implica abrir heridas ya cerradas o – cuando se trata de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del orden – un ataque a instituciones o personas que merecen respeto por el mero hecho de tener un cargo público. De otro lado, están los periodistas sensibilizados con esta causa y que son rigurosos en la forma de presentar hechos que pueden ser dolorosos y sensibles para muchas personas.

Para mejorar la cobertura sobre esta materia, son necesarios tres elementos. El primero, una mayor disposición de los periodistas a investigar e indagar sobre estas materias. El segundo, un mayor acercamiento, en términos más sencillos, por parte de las organizaciones de defensa de derechos humanos y activistas de esta causa, a los medios de comunicación. El tercero está en presentar noticias vinculadas a temas como salud, educación, seguridad o justicia, servicios básicos reclamados por la población, como derechos humanos cuyo cumplimiento está en manos del Estado y no como una mera noticia sensacionalista o de coyuntura.

¿Por qué causa tanta controversia el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación?

Luego de ocho años de su entrega, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación genera desconcierto en algunos sectores, debido a que brindamos una explicación que va más allá de algunas nociones que se volvieron comunes y repetitivas durante la década de 1990.

En primer lugar, nosotros condenamos a Sendero Luminoso por las cruentas acciones que cometió en contra de la sociedad peruana, pero al mismo tiempo, procuramos dar a conocer al país la complejidad de esta organización. Entendimos que nuestra misión no era simplemente repetir que se trataba de una banda conformada por fanáticos, sino que había que entender a Sendero Luminoso, a la vez, como una organización política, que utilizó el espacio educativo para su prédica y acción, que realizó acciones terroristas, con potencial genocida y que tuvo como norte de sus actuaciones una interpretación retorcida de la ideología marxista.

Con ello, a contrario de lo que equivocadamente han planteado algunos críticos de nuestro trabajo, no justificamos las acciones de esta agrupación, sino que agravamos su carácter como principal responsable del conflicto armado interno.

La segunda noción que pusimos en contradicción fue aquella que pretendía soslayar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, tomando como pretexto para ello la contribución que tuvieron a la pacificación. Ciertamente, la CVR reconoció el derecho y el deber que tenía el Estado de defenderse de una amenaza a la democracia y de defender a sus ciudadanos de la vulneración de sus derechos, así como el valor y heroísmo de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa que cumplieron, con honor, con su deber y, en muchos casos, entregando la vida.

Sin embargo, el horizonte ético que fue el norte del trabajo de la CVR nos impuso como convicción que no debíamos dejar de señalar aquellos actos cometidos por agentes del Estado que vulneraron los derechos humanos. Y tampoco podíamos callar que, en algunos lugares y en algunos momentos, dichos actos fueron cometidos en forma sistemática o generalizada, lo que implica la ocurrencia de delitos de lesa humanidad. Ello no implica una ofensa a los institutos castrenses, sino, por el contrario, debió motivar una reflexión tendiente a zanjar responsabilidades y diferenciar entre héroes y quienes cometieron delitos.

Finalmente, la CVR generó controversia porque mandó un mensaje bastante duro sobre la exclusión, situación que fue el telón de fondo del conflicto armado interno. Las víctimas pertenecieron, en su mayoría, a los sectores marginados de nuestra sociedad y, además, la violencia se desarrolló en gran medida en lugares en los que existieron procesos de modernización truncos. El alto número de víctimas que estimó la Comisión y que no habían sido visibilizadas antes, así como la constatación de que un sector de peruanos estuvo dispuesto a dejar de lado la institucionalidad democrática a favor de un mal entendido sentido de seguridad, sostienen esta hipótesis.

¿Se podría bosquejar una hipótesis indicando la razón por que ciertos grupos se resisten al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación?
Hay que diferenciar entre dos sectores principales de críticos. En primer lugar, se encuentran aquellas personas que han sido señaladas como responsables por la CVR, debido a sus actos y omisiones. Entre ellos se encuentran las personas cuyos casos fueron judicializados a pedido de la CVR, como quienes fueron señalados como responsables políticos o representan a instituciones cuyo papel durante el conflicto armado interno fue cuestionado. Allí encontramos a miembros de partidos políticos, de las fuerzas armadas e incluso algunos altos representantes de la Iglesia Católica.

En segundo lugar, se encuentran quienes consideran que la causa de los derechos humanos es un tema “ideológico” o que sólo es tomado en cuenta por la izquierda y, por su aversión a ella, critican las acciones que los activistas a favor de los derechos fundamentales realizan. Este grupo de personas olvida que los derechos humanos fueron reconocidos originalmente por el liberalismo.

A ellos habría que sumar a un conjunto de personas que se mantiene indiferente ante estos temas o que, siendo víctimas del conflicto, ha optado voluntariamente por olvidar hechos que generan bastante dolor.

Ad portas de la segunda vuelta, ¿cuál sería la causa por la que un gran grupo de ciudadanos considera que lo esencial para la elegir al próximo gobernante es su posición en temas económicos?

Existe un sector del electorado que tiene una severa preocupación acerca del rumbo económico del país, sobre todo, en previsión de que se puedan repetir políticas que perjudiquen la estabilidad macroeconómica del país y que, en efecto, ha sido uno de los logros de esta década. Al mismo tiempo, hay un grupo de peruanos que considera que, si bien ha existido crecimiento económico, no ha sido suficiente para asegurar condiciones de vida más igualitarias y, en muchos casos, se ha tomado como referencia la compra de artículos de lujo como una señal de avance del país que no era real.

Sin embargo, cabe alertar a los electores sobre la existencia de otros factores, fuera del económico, que deberían ser meditados al momento de optar o no por alguno de los candidatos. Entre ellos se encuentran la corrupción, los derechos humanos, el manejo de los conflictos sociales, el clientelismo o la perversión de la ley a extremos de deformarla.

Qué opinión nos podría dar sobre que ambos candidatos presidenciales que son cuestionados por temas de Derechos Humanos y ninguno le ha dado la importancia debida
En términos generales, los temas de derechos humanos sólo han estado presentes para el cuestionamiento de los candidatos que han pasado a segunda vuelta. Tanto Keiko Fujimori, como representante de un gobierno en el que se violaron los derechos humanos y cuyo máximo líder se encuentra preso por vulnerarlos, como Ollanta Humala, procesado – aunque finalmente absuelto – por supuestas ejecuciones y torturas en la base de Madre Mía, han sido confrontados sobre esta materia.

Sin embargo, pocos han puesto atención a sus planes de gobierno. La señora Fujimori no presenta ni una sola propuesta sobre la materia, en un tema en el que su agrupación política tiene una larga deuda con el país. Sin embargo, llevar en su entorno a personas que negaron estos hechos y que han impulsado normas de amnistía o similares para impedir el procesamiento penal de violaciones a los derechos humanos, resulta un signo de lo que sería su política sobre estos hechos. Sus últimas declaraciones a favor de la construcción del Museo de la Memoria dan un giro tan forzado a su postura en torno a este tema que resulta poco sincera y creíble.

En el caso de Ollanta Humala, ha tenido algunos gestos y propuestas a destacar sobre la materia. Su agrupación firmó, en el mes de marzo, el Acta por la Justicia y la Vida, un compromiso con las víctimas del conflicto armado interno para impulsar políticas de reparación, judicialización y memoria. Asimismo, el plan de gobierno de Gana Perú menciona su compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, así como con los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, no se tiene como medida propuesta la generación de un Plan Nacional de Derechos Humanos que sea el instrumento central de política en la materia. (Entrevista hecha el 27 de abril de 2011 por Jean Carlo Gonzalo Cuba Yaranga)

Se lanzó en Arequipa campaña nacional “Fujimori nunca más”

El pasado viernes 13 de mayo, se lanzó en nuestra ciudad la campaña “Fujimori nunca más”, promovida por 79 instituciones integrantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) junto con otros colectivos de jóvenes, estudiantes, mujeres, artistas y público en general.

El lanzamiento se hizo con la proyección del video LA MATANZA DE BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA, que está encaminada a invocar abiertamente un voto en contra de la impunidad y la corrupción, representado por la candidatura de Keiko Fujimori.

Así, la CODHA se suman a la campaña “Fujimori nunca más” que reafirma su compromiso con la defensa de la vida y la democracia, incluyendo la lucha contra la impunidad, la corrupción y la pena de muerte.