Entrevista a Salomón Lerner Febres

¿Cuáles han sido los resultados de los Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos impartidos por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP)?

Los Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos han tenido como objetivo central el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil y comprometerla en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en la defensa y promoción activa de los derechos fundamentales.

Para ello, los participantes en esos programas fueron capacitados en diversas disciplinas, que les permitan adquirir conocimientos esenciales en derechos humanos, el funcionamiento de mecanismos de acceso a la justicia y la institucionalidad democrática, además de contar con herramientas para transmitir e implementar la doctrina y normativa en derechos humanos.

Entre 2007 y 2010 se realizaron seis Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos en Ayacucho, Arequipa, Puno, Cajamarca, La Libertad y Ancash, en los que participaron, en total 240 personas (40 por taller). Los participantes expresaron su satisfacción con los programas brindados y la necesidad de repetir experiencias como éstas.

¿Qué consecuencias trae el desconocimiento de nociones básicas en Derechos Humanos?
En primer lugar, el desconocimiento de nociones básicas en derechos humanos por parte de los ciudadanos, coloca a éstos en una situación de vulnerabilidad, debido a que no conocen que situaciones pueden afectar sus derechos, ni la forma cómo reclamarlos o las autoridades a las que deberían acudir para defenderlos.

Si esta situación – bastante común – ya es preocupante, lo es más de lado de las autoridades. No nos referimos aquí a quienes desconocen cuales son los derechos de las personas a las que deben servir, sino, principalmente a aquellas que vulneran sus derechos y a quienes no toman a los derechos humanos como el norte de su actuación cotidiana, así como en la elaboración de políticas públicas.


En términos generales, los temas vinculados a derechos humanos no son muy tocados por los medios de comunicación, dado que, para muchos propietarios de diarios, radios y canales de televisión, dichos temas no atraen mayores índices de lectoría o sintonía.

Cuando los mismos son tocados, se presentan dos bandos diferenciados. De un lado, se encuentran aquellos que señalan que recordar hechos del pasado implica abrir heridas ya cerradas o – cuando se trata de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del orden – un ataque a instituciones o personas que merecen respeto por el mero hecho de tener un cargo público. De otro lado, están los periodistas sensibilizados con esta causa y que son rigurosos en la forma de presentar hechos que pueden ser dolorosos y sensibles para muchas personas.

Para mejorar la cobertura sobre esta materia, son necesarios tres elementos. El primero, una mayor disposición de los periodistas a investigar e indagar sobre estas materias. El segundo, un mayor acercamiento, en términos más sencillos, por parte de las organizaciones de defensa de derechos humanos y activistas de esta causa, a los medios de comunicación. El tercero está en presentar noticias vinculadas a temas como salud, educación, seguridad o justicia, servicios básicos reclamados por la población, como derechos humanos cuyo cumplimiento está en manos del Estado y no como una mera noticia sensacionalista o de coyuntura.

¿Por qué causa tanta controversia el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación?

Luego de ocho años de su entrega, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación genera desconcierto en algunos sectores, debido a que brindamos una explicación que va más allá de algunas nociones que se volvieron comunes y repetitivas durante la década de 1990.

En primer lugar, nosotros condenamos a Sendero Luminoso por las cruentas acciones que cometió en contra de la sociedad peruana, pero al mismo tiempo, procuramos dar a conocer al país la complejidad de esta organización. Entendimos que nuestra misión no era simplemente repetir que se trataba de una banda conformada por fanáticos, sino que había que entender a Sendero Luminoso, a la vez, como una organización política, que utilizó el espacio educativo para su prédica y acción, que realizó acciones terroristas, con potencial genocida y que tuvo como norte de sus actuaciones una interpretación retorcida de la ideología marxista.

Con ello, a contrario de lo que equivocadamente han planteado algunos críticos de nuestro trabajo, no justificamos las acciones de esta agrupación, sino que agravamos su carácter como principal responsable del conflicto armado interno.

La segunda noción que pusimos en contradicción fue aquella que pretendía soslayar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, tomando como pretexto para ello la contribución que tuvieron a la pacificación. Ciertamente, la CVR reconoció el derecho y el deber que tenía el Estado de defenderse de una amenaza a la democracia y de defender a sus ciudadanos de la vulneración de sus derechos, así como el valor y heroísmo de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa que cumplieron, con honor, con su deber y, en muchos casos, entregando la vida.

Sin embargo, el horizonte ético que fue el norte del trabajo de la CVR nos impuso como convicción que no debíamos dejar de señalar aquellos actos cometidos por agentes del Estado que vulneraron los derechos humanos. Y tampoco podíamos callar que, en algunos lugares y en algunos momentos, dichos actos fueron cometidos en forma sistemática o generalizada, lo que implica la ocurrencia de delitos de lesa humanidad. Ello no implica una ofensa a los institutos castrenses, sino, por el contrario, debió motivar una reflexión tendiente a zanjar responsabilidades y diferenciar entre héroes y quienes cometieron delitos.

Finalmente, la CVR generó controversia porque mandó un mensaje bastante duro sobre la exclusión, situación que fue el telón de fondo del conflicto armado interno. Las víctimas pertenecieron, en su mayoría, a los sectores marginados de nuestra sociedad y, además, la violencia se desarrolló en gran medida en lugares en los que existieron procesos de modernización truncos. El alto número de víctimas que estimó la Comisión y que no habían sido visibilizadas antes, así como la constatación de que un sector de peruanos estuvo dispuesto a dejar de lado la institucionalidad democrática a favor de un mal entendido sentido de seguridad, sostienen esta hipótesis.

¿Se podría bosquejar una hipótesis indicando la razón por que ciertos grupos se resisten al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación?
Hay que diferenciar entre dos sectores principales de críticos. En primer lugar, se encuentran aquellas personas que han sido señaladas como responsables por la CVR, debido a sus actos y omisiones. Entre ellos se encuentran las personas cuyos casos fueron judicializados a pedido de la CVR, como quienes fueron señalados como responsables políticos o representan a instituciones cuyo papel durante el conflicto armado interno fue cuestionado. Allí encontramos a miembros de partidos políticos, de las fuerzas armadas e incluso algunos altos representantes de la Iglesia Católica.

En segundo lugar, se encuentran quienes consideran que la causa de los derechos humanos es un tema “ideológico” o que sólo es tomado en cuenta por la izquierda y, por su aversión a ella, critican las acciones que los activistas a favor de los derechos fundamentales realizan. Este grupo de personas olvida que los derechos humanos fueron reconocidos originalmente por el liberalismo.

A ellos habría que sumar a un conjunto de personas que se mantiene indiferente ante estos temas o que, siendo víctimas del conflicto, ha optado voluntariamente por olvidar hechos que generan bastante dolor.

Ad portas de la segunda vuelta, ¿cuál sería la causa por la que un gran grupo de ciudadanos considera que lo esencial para la elegir al próximo gobernante es su posición en temas económicos?

Existe un sector del electorado que tiene una severa preocupación acerca del rumbo económico del país, sobre todo, en previsión de que se puedan repetir políticas que perjudiquen la estabilidad macroeconómica del país y que, en efecto, ha sido uno de los logros de esta década. Al mismo tiempo, hay un grupo de peruanos que considera que, si bien ha existido crecimiento económico, no ha sido suficiente para asegurar condiciones de vida más igualitarias y, en muchos casos, se ha tomado como referencia la compra de artículos de lujo como una señal de avance del país que no era real.

Sin embargo, cabe alertar a los electores sobre la existencia de otros factores, fuera del económico, que deberían ser meditados al momento de optar o no por alguno de los candidatos. Entre ellos se encuentran la corrupción, los derechos humanos, el manejo de los conflictos sociales, el clientelismo o la perversión de la ley a extremos de deformarla.

Qué opinión nos podría dar sobre que ambos candidatos presidenciales que son cuestionados por temas de Derechos Humanos y ninguno le ha dado la importancia debida
En términos generales, los temas de derechos humanos sólo han estado presentes para el cuestionamiento de los candidatos que han pasado a segunda vuelta. Tanto Keiko Fujimori, como representante de un gobierno en el que se violaron los derechos humanos y cuyo máximo líder se encuentra preso por vulnerarlos, como Ollanta Humala, procesado – aunque finalmente absuelto – por supuestas ejecuciones y torturas en la base de Madre Mía, han sido confrontados sobre esta materia.

Sin embargo, pocos han puesto atención a sus planes de gobierno. La señora Fujimori no presenta ni una sola propuesta sobre la materia, en un tema en el que su agrupación política tiene una larga deuda con el país. Sin embargo, llevar en su entorno a personas que negaron estos hechos y que han impulsado normas de amnistía o similares para impedir el procesamiento penal de violaciones a los derechos humanos, resulta un signo de lo que sería su política sobre estos hechos. Sus últimas declaraciones a favor de la construcción del Museo de la Memoria dan un giro tan forzado a su postura en torno a este tema que resulta poco sincera y creíble.

En el caso de Ollanta Humala, ha tenido algunos gestos y propuestas a destacar sobre la materia. Su agrupación firmó, en el mes de marzo, el Acta por la Justicia y la Vida, un compromiso con las víctimas del conflicto armado interno para impulsar políticas de reparación, judicialización y memoria. Asimismo, el plan de gobierno de Gana Perú menciona su compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, así como con los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, no se tiene como medida propuesta la generación de un Plan Nacional de Derechos Humanos que sea el instrumento central de política en la materia. (Entrevista hecha el 27 de abril de 2011 por Jean Carlo Gonzalo Cuba Yaranga)