14.3.09

Por verdad y justicia: Fujimori culpable


Este pasado jueves 12, en el marco de la jornada nacional para exigir una sentencia ejemplar contra el ex presidente Alberto Fujimori, diversas organizaciones y ciudadanos y ciudadanas independientes se movilizaron por las calles céntricas de Arequipa, para expresar su adhesión a esa causa y su plena solidaridad con las víctimas de los crímenes de la dictadura.

Participaron organizaciones de derechos humanos, juveniles, sindicales y políticas, las que finalmente llegaron a la sede de la Corte Superior de Justicia donde entregaron un memorial en el que se exhorta al poder judicial a emitir una sentencia justa, que responda a la contundencia de las pruebas con las que se ha demostrado la culpabilidad de Fujimori en crímenes de lesa humanidad.

Previamente, los manifestantes ofrecieron un homenaje a la memoria de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como al líder sindical Pedro Huilca Tecse, todos ellos asesinados por el destacamento "Colina", el comando de la muerte del gobierno fujimorista.

La convocatoria a la movilización estuvo a cargo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa, de la Coordinadora Política Social, ASPEM, el Círculo de Investigación Jurídica y Estudios Interdisciplinarios "Contranatura" , el Colectivo de Estudiantes en Defensa de los Derechos Humanos, el Colectivo Inclusión Social y Reconciliació n, el Grupo Impulsor MPQSR, el Colectivo SUR, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, la Juventud del Partido Socialista, el Observatorio de Prisiones de Arequipa, la Red Interquórum Arequipa, Amnistía Internacional Grupo 37, y ciudadanos y ciudadanas independientes.

9.3.09

A un año de la ordenanza Nº 002


-¿Está diciendo que una escolar embarazada debe seguir en el colegio? ¡Eso es fomentar la inmoralidad!

Así se expresaba hace unos meses un funcionario del sector Educación en una ciudad andina. Seguidamente, otro señaló que un colegio tenía la obligación de expulsar a los estudiantes que tuvieran una orientación homosexual.

Estas intervenciones demuestran cuán necesario es que los gobiernos locales y regionales enfrenten los prejuicios de sus funcionarios. Para ello, un cuerpo normativo específico, como las Ordenanzas contra la discriminación, es un instrumento fundamental.

Hace un año, el 29 de febrero de 2008, se publicó la Ordenanza 002-2008 de la Municipalidad Provincial de Abancay, la primera que prohibió la discriminación en todas sus formas. Hasta entonces, solamente las municipalidades de Magdalena y San Miguel (Lima) y Cayma (Arequipa) se ocupaban de la discriminación, pero en lo referido a locales abiertos al público.

La Ordenanza 002 fue la primera norma en el Perú que definió como discriminación al acto que tiene como intención o efecto excluir, tratar como inferior a una persona, o grupo de personas, sobre la base de su permanencia a un grupo social y que tiene como objetivo disminuir sus oportunidades y opciones o anular o menoscabar el reconocimiento de sus derechos. Hasta entonces, la legislación peruana sólo consideraba discriminatorios los actos donde pudiera probarse la ‘intención de discriminar’ y esto normalmente resultaba muy difícil.

Otro aporte importante de la Ordenanza 002 es que por primera vez se incluyó causales muy serias de discriminación como la orientación sexual, la condición de salud y la actividad, que afecta especialmente a las trabajadoras del hogar. Estableció que tampoco podrá haber discriminación por indocumentación, señalando que el DNI no debe ser exigido para ingresar a instituciones públicas o privadas. De hecho, a las pocas semanas, el Gobierno Regional de Apurímac dejó de solicitar DNI a las personas que pretendían ingresar a sus oficinas. Meses después dictó su propia Ordenanza Regional contra la discriminación, que aborda temas como la salud, el trabajo y la educación. Precisamente, yo estaba explicando esta Ordenanza a los funcionarios de la Dirección Regional de Educación, cuando me topé con las expresiones que mencioné al comienzo de este artículo.

La Ordenanza 002 ha incentivado el manejo del quechua por parte del personal de la Municipalidad, que también está tajantemente prohibido de emplear expresiones discriminatorias, disponiéndose que si incurrían en dicha conducta serían sancionados. La Municipalidad se comprometió a denunciar ante el Ministerio Público a los funcionarios discriminadores, para que sean sancionados según el artículo 323 del Código Penal, que establece una pena de hasta 4 años de prisión.

Un aspecto muy positivo de la Ordenanza 002 es que ha servido como modelo y, así, en los los siguientes meses, se promulgaron Ordenanzas contra la discriminación en Huamanga, Jesús Nazareno y San Juan Bautista (AY) Andahuaylas (AP), Huancayo y Matahuasi (JU), Sullana y Catacaos (PI), Miraflores y Jesús María (LI), todas con el mismo enfoque integral.

Este año 2009, las primeras entidades en publicar Ordenanzas contra la discriminación han sido el Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad de Chanchamayo. Ambas normas abordan los derechos lingüísticos de sectores tradicionalmente marginados: en Lambayeque, los quechuahablantes de Incahuasi y Cañaris y en Chanchamayo, la población asháninka.

Muchas Ordenanzas presentan aportes que luego son asumidos en otros lugares. De esta forma, la Municipalidad de Sullana fue la primera en exigir carteles contra la discriminación en establecimientos que atiendan al público y esta iniciativa fue recogida también en Miraflores y Jesús María. Ahora estos carteles se ven en lugares tan diferentes como el Centro Peruano Japonés, Larcomar, Metro o el Banco Financiero. Pronto aparecerán también en quechua, con la leyenda “Kay Llaqtawasipi hina lliw Perupi mana Saruchakuy Kananchu”

Hace unos años, muchas autoridades negaban la existencia de la discriminación, porque parecía parte del “orden natural” de las cosas. Ahora, cada vez hay más alcaldes y regidores que buscan combatirla. Hace unas semanas, un grupo de regidores de diversas provincias del Cusco se comprometieron a que pronto sus municipalidades tendrían también estas Ordenanzas.

Los talleres para difundir las Ordenanzas entre funcionarios, empleados municipales e integrantes del Serenazgo tienen mucha importancia. En el caso de los funcionarios de Educación de Apurímac, creo que convencí a algunos que existía una visión distorsionada de la moral y de que dichas expulsiones eran muy injustas. A los demás, en todo caso, les quedó claro que expulsar o maltratar a un alumno por esos motivos es ilegal.
Precisamente, por eso es tan importante contar con normas locales contra la discriminación, para que sea por una convicción o por temor a la sanción, vayan generando un cambio de conducta. Esperemos que cada vez más municipalidades y gobiernos regionales se sumen a este camino. (Wilfredo Ardito Vega)

8.3.09

Para hacer justicia en el Perú


Estando próxima a emitirse la sentencia en el juicio al ex presidente Alberto Fujimori por violaciones de derechos humanos, las instituciones firmantes queremos expresar lo siguiente:

Los crímenes por los que viene siendo procesado Fujimori pertenecen a la categoría de los más graves que conoce y condena de modo unánime la humanidad. Son crímenes de lesa humanidad. Se trata de asesinatos, desapariciones y torturas, cometidos contra personas indefensas, incluyendo mujeres y niños. Y que fueron y son tanto más repudiables porque los perpetraron quienes tenían la obligación de protegerles.

Fujimori está siendo juzgado por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, pero estos casos, con toda su importancia y horror, son el símbolo de muchos otros crímenes cometidos durante su gobierno y que afectaron a centenares de familias en todo el país y que nunca fueron sancionados.

En este sentido, el juicio a Fujimori es una oportunidad para que el país recupere la confianza en sus instituciones, en la justicia y en la democracia. Significa que nuestra sociedad puede ser capaz de aplicar la justicia por igual a todos, sin importar el poder o privilegio que puedan tener los acusados.

Por ello expresamos nuestro respaldo a la acusación fiscal, que pide una sentencia condenatoria contra el ex presidente, invocamos al tribunal a emitir una sentencia justa, y nos solidarizamos con las víctimas y familiares que llevan más de 17 años esperando justicia.

Convocamos a toda la ciudadanía a sumarse a la campaña nacional por justicia y acompañarnos en la Gran Movilización Nacional del 12 de marzo, que se realizará en simultáneo en todo el país.