Las organizaciones que suscribimos esta declaración rechazamos la arbitrariedad que el gobierno pretende cometer al ordenar la expulsión del país del religioso británico Paul Mc Auley, que desarrolla su labor pastoral en la región Loreto y es un destacado defensor del medio ambiente y de los derechos de los pueblos de la Amazonía.
Las razones oficiales para la expulsión del religioso han sido expresadas en una resolución del Ministerio del Interior (0571-2010-IN/1601), que señala genéricamente como razones de esta medida la “alteración del orden público” y la “participación en actividades de carácter político”, sin especificar nada más, lo cual viola el principio de la debida motivación de las resoluciones administrativas.
El hermano Paul Mc Auley es un religioso reconocido por su intensa labor pastoral y su identificación con los pueblos indígenas de la Amazonía; por ello su labor ha sido la de capacitar e incidir de modo pacífico por el respeto a los derechos de los pueblos amazónicos. Por su labor comprometida, el hermano Mc Auley recibe en este momento difícil el más amplio respaldo ciudadano así como el apoyo del Vicariato de San José de Iquitos y de numerosas instituciones y redes ciudadanas nacionales e internacionales.
Consideramos que esta medida no es un caso aislado y que el Gobierno persiste en su política de hostilizar a los dirigentes sociales y a los representantes de la sociedad civil y las iglesias que defienden los derechos de las poblaciones afectadas por proyectos que afectan su supervivencia y el medio ambiente. Esta actitud del Gobierno corresponde a una visión antidemocrática y autoritaria, contraria a la expresión y participación ciudadana y que, por tanto, menosprecia la opinión y los intereses de los pueblos indígenas y otros sectores de la población, y que a la vez es tolerante con las malas prácticas de muchas empresas extractivas.
Consideramos igualmente necesario llamar la atención de la opinión pública sobre la campaña negativa contra otros religiosos que desarrollan su labor pastoral en el país trabajando en provincias lejanas por los derechos humanos de los pueblos más pobres y por el respeto al medio ambiente, como en Jaén, Chulucanas, Yurimaguas o Barranquita.
Instamos a las autoridades a rectificar este camino revocando su arbitraria resolución de expulsión y, en todo caso, permitir, como en toda democracia, el derecho del hermano Mc Auley a ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Finalmente anunciamos que ya se han realizado acciones legales para contradecir la resolución y nuestro total apoyo a todas las expresiones ciudadanas de protesta contra esta pretendida arbitrariedad.
Lima, 5 de julio de 2010
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC)
Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita (PQNSR)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES)
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Coordinadora de DDHH de Arequipa (CODHA)
