El país debe elegir a su próximo Presidente entre los dos candidatos que lograron pasar a la segunda vuelta por decisión legítima de la mayoría de los electores. Ese triunfo electoral no disipa, sin embargo, las dudas que, en distintos grados y por diversos motivos, dichos candidatos generan respecto del futuro de nuestra democracia y de la afirmación de un país con paz, equidad y bienestar. En esas circunstancias, los ciudadanos y las organizaciones firmantes creemos que es nuestro deber hacer este pronunciamiento, el cual puede ser suscrito por otras personas y entidades independientemente de la opción que, muy naturalmente, hayan tomado en consonancia con sus principios. Este es un llamamiento a preservar nuestra actitud crítica y vigilante en defensa de un futuro democrático y justo para los peruanos.
El próximo gobierno tiene la obligación de respetar los pilares fundamentales de nuestra vida política y jurídica, incluyendo el principio de no reelección inmediata, así como el deber de asegurar la estabilidad económica y la libertad de los agentes económicos dentro de los límites de la moral y el derecho, orientando el quehacer del mercado hacia avances sustantivos para un desarrollo económico equitativo, incluyente y sostenible.
Por su parte la sociedad organizada debe asumir el papel de vigilar que el nuevo gobierno cumpla esas obligaciones en ámbitos fundamentales. De allí se desprende que:
1.Será esencial que el futuro gobierno garantice las libertades civiles de los ciudadanos y su igualdad ante la ley; mantenga la independencia de los poderes y en particular respete los fueros del Poder Judicial y sus sentencias. Asimismo será fundamental que asegure el respeto pleno de las libertades de prensa y de opinión.
2.Se deberá cumplir el Plan Nacional de Derechos Humanos. En concordancia con ello habrá un serio compromiso en la protección de esos derechos y en la reparación integral de todos quienes fueron víctimas de la violencia. Se deberá garantizar juicios independientes a los presuntos responsables de los crímenes, se acatará las decisiones o recomendaciones de las instancias internacionales de protección de derechos humanos, se rechazará toda acción que resulte en la impunidad de quienes hayan violado esos derechos, y se realizará reformas institucionales que eviten la repetición de los horrores del pasado.
3.Ha de emprenderse una decidida acción estatal contra los delitos de corrupción. Para ello, el gobierno deberá fortalecer el sistema de lucha contra la corrupción. Será necesario practicar la transparencia de la administración pública en todo nivel, ejercer el control administrativo y judicial de los delitos e impulsar la participación ciudadana en la fiscalización del manejo de los asuntos públicos.
4.Se deberá combatir, efectivamente y con respeto de la dignidad humana, la situación de pobreza y exclusión que afecta a un inmenso número de compatriotas. Se implementará las políticas de Estado del Acuerdo Nacional para fortalecer la democracia y el Estado de derecho y lograr un desarrollo económico efectivo y sostenible, así como se fortalecerá y se optimizará los programas sociales. Será indispensable dejar de lado las prácticas clientelistas que expresan una patente inefectividad gubernamental al tiempo que lesionan gravemente la dignidad de los ciudadanos.
Invitamos a otras organizaciones y personas afines a estas ideas a adherirse a ellas y proponemos constituir juntos una alianza cívica para vigilar el cumplimiento de los principios que aquí enunciamos, los cuales no son otros que los de una sociedad democrática.
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