El Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita reunido en la XVII Reunión Nacional acordó, poner en conocimiento de la población peruana su indignación y protesta por la sorpresiva publicación el día de hoy 16 de junio de 2011, del Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM que vulnera el derecho a la reparación que tienen las víctimas y sus familiares, en ese sentido manifestamos lo siguiente:
1.El DS 051 establece el 31 de diciembre de 2011 como plazo final para la de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas individuales. De esta manera, las víctimas que pretendan inscribirse después del 31 de diciembre del presente año, no podrán acceder a su derecho a una reparación económica. Violando el derecho constitucional al trato igualitario. Asimismo contraviene el carácter permanente del Registro establecido en el art. 68 del Reglamento de la Ley 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones.
2.Señala como monto de reparación por desaparición forzada, muerte, discapacidad y violación sexual, la suma de 10 000 nuevos soles. Esta cifra ha sido impuesta sin ningún criterio técnico y de manera unilateral por el actual gobierno, desconociendo los múltiples esfuerzos realizados al respecto, y sobretodo, sin recoger la opinión de los afectados. Este monto arbitrario constituye un insulto al dolor y la dignidad de las víctimas y sus familiares.
Queremos recordar que las organizaciones de víctimas han alcanzado a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel una propuesta de criterios técnica para fijar el monto de las reparaciones que no ha sido considerada. Tampoco ha sido tomado en cuenta el informe de la Comisión Técnica conformada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en el que se formulan 4 propuestas de montos con sus respectivos sustentos técnicos. Asimismo, denunciamos que esta norma ha sido aprobada y publicada sin conocimiento del pleno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel.
3.Durante los últimos 5 años, el gobierno ha hecho muy poco o casi nada por dar seguimiento a las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, evadiendo su obligación de reparar a los miles de familiares y víctimas del conflicto armado interno que sufrió nuestro país. Publicar esta norma a casi un mes de concluir el mandato presidencial, constituye un nuevo maltrato y vejación a la dignidad las víctimas del conflicto armado interno.
El Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita y las organizaciones de afectados queremos expresar nuestro profundo rechazo a esta norma impuesta por Alan García y Rosario Fernández, Presidente de la República y Primera Ministra, respectivamente, que mediante este decreto supremo pretenden desconocer el derecho legítimo de los ciudadanos y las ciudadanas, víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado interno. Esta medida no contribuye a cerrar las heridas, ni aporta a la reconciliación de nuestro país. Por todas estas razones, exigimos la inmediata derogatoria de esta norma.
El derecho a la reparación es un derecho fundamental, no es una dádiva. Es una obligación internacional y un compromiso ético del Estado peruano frente a las víctimas del Conflicto Armado Interno, por esta razón invocamos a las autoridades democráticamente elegidas para que se respete la voluntad de los afectados y demandamos su participación activa en este proceso.
Llamamos a la población a estar alertas y a permanecer vigilantes en estos últimos días de gobierno aprista, para denunciar y frenar estos actos inoportunos y arbitrarios, que lo único que pretenden es dividir a las organizaciones de afectados y aprovechándose de sus necesidades y pobreza.
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