Conferencia de Rocío Silva Santisteban

En el marco del I CONGRESO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS que viene realizándose en Arequipa del 14 al 16 de setiembre, la Dra. ROCÍO SILVA SANTISTEBAN, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de DDHH, ofrecerá una importante conferencia magistral con el tema:“INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS HUMANOS”.

El evento se desarrollará en el AUDITORIO DEL PARANINFO DEL UNSA, ESTE JUEVES 15 DE SETIEMBRE A LAS 10.00 A.M.

La Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa (CODHA), invita a la comunidad arequipeña, a participar activamente en esta presentación vinculada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Perú.

Trata de personas, III Concurso periodístico

I Congreso de DDHH

Entrevista a Arian Hamburger, embajador del Reino de los Países Bajos

¿Cómo percibe la participación de las organizaciones peruanas den temas de Derechos Humanos?
Estoy impresionado por el número, la calidad e intensidad de las organizaciones peruanas de derechos humanos. Juegan un papel muy activo, tanto en términos de proporcionar información a la población como para instar a los sectores público y privado vigilar por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y mejorarlas de manera estructural. Es esencial que los diferentes segmentos de la sociedad (la política, la administración, el sector privado, sociedad civil) se entender bien y cooperar juntos.

¿Cuales considera son nuestras fortalezas y cuales las debilidades respecto al tratamiento de Derechos Humanos?
La fuerza esta en que se puede debatir en público sobre la importancia de respetar los derechos humanos del Perú. También existen políticas y planes acción. El punto más débil, percibo yo, esta en que estos planes aun no encuentren suficiente aplicación ni seguimiento. Además, creemos que las desigualdades económicas y sociales, incluso los derechos humanos, entre los diferentes grupos de la población merecen recibir mas atención.

¿Cómo se plasma el apoyo que nos brinda el gobierno que usted representa?
El gobierno holandés esta apoyando una serie de programas de derechos humanos en el Perú. Estos incluyen apoyo en particular a mujeres, niños y los grupos indígena o grupos vulnerables victima de violencia, la rehabilitación de personas con problemas de adicción encarcelados con vistas a su futura reinserción en la sociedad; proyectos para dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, para reforzar estructuras estamos viendo una actividad conjunta para la promoción del concepto de responsabilidad en las empresas para combatir trabajo infantil.

¿Cuáles son los planes que tiene su país sobre temas de Derechos Humanos?
Respecto por los derechos humanos y las libertades fundamentales es uno de los pilares centrales de la política holandesa, en la propia Holanda como en nuestras relaciones internacionales. Nuestra posición es que los derechos humano son universales y se aplican es todas las partes, independientemente de aspecto de cultura, religión, política o sistema social. Lo hacemos no solo por idealismo, sino también porque estamos convencidos de que el respeto por los derechos humanos conduce a la estabilidad económica y social en el mundo. Y eso también es de nuestro propio interés y beneficio. Por el momento nos centramos sobre toso en cuestiones como la libertad de expresión (incluyendo la libertad en los medios sociales como internet, la libertad de religión., la protección de las minorías vulnerables; buscamos combatir y perseguir los delitos de genocidio y de guerra, proteger a los defensores de los derechos humanos; apoyamos la lucha contra el trabajo infantil y promovemos la responsabilidad social de las empresas del sector privado.
Eso implica que geográficamente se presta mucha mas atención hoy en día a la situación en el mundo árabe y a los países con régimen opresivos y con violencia sistemática graves, tales como Sudan, Irán o Birmania.

Considera óptima la forma como se canaliza el apoyo que brinda su gobierno a nuestro país?
La ayuda financiera holandesa al Perú en materia de derechos humanos, incluida la trata de personas es relativamente modesta. Esto tienes que ver con el hecho de que el Perú como "nueva economía” y con “democracia emergente” no requiere tanto de apoyo financiera, mas si de apoyo político y de asistencia técnica en determinadas áreas. Cooperamos principalmente a través de organizaciones no gubernamentales, ya que estas cumplen un papel esencial y eficaz para elevar la comprensión y difusión de la importancia del respeto de los derechos humanos.

¿Durante su estadía en nuestra ciudad, cómo observa la participación de la sociedad civil y de las autoridades estatales?
Hemos tenido una reunión muy interesante sobre trata y trafico de personas en la cual asistieron tantos representantes de Poder Judicial, de la fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y varios sectores como también de organizaciones gubernamentales y de derechos humanos, y tuvimos la oportunidad de discutir abiertamente sobre este tema de la trata tan complejo.

¿Cree usted que el tema de trata de personas se ha incrementado en nuestro país?
La trata de persona es un problema cada vez mas transfronterizo e internacional que debe ser abordado por todos los países en estrecha cooperación y de la manera drástica y con mas recursos. El mundo se hace cada vez más pequeño, y las fronteras se abren más y más. La globalización conlleva muchas ventajas pero también desventajas, como por ejemplo el crecimiento de la delincuencia transnacional. Esto es cierto para el Perú y eso vale para los países Bajos. La trata de personas es una forma moderna de esclavitud y una grave amenaza para los derechos humanos. Las mujeres y las niñas son las victimas de mano de obra barato o son explotados en trabajo forzado.

¿Cuál opinaría usted debería ser el paso principal para erradicar el problema?
Hay algunos pasos esenciales el compromiso político al más alto nivel, y la consecuente aplicación de los acuerdos y tratados internacionales, acción rigurosa y sanción estricto y ejemplar de los delincuentes; Programas de protección para los y las victimas, y una coordinación eficaz entre todas las autoridades involucradas.

¿Percibe que en nuestro país existe una real voluntad política para controlar el problema?
Nuestra impresión es que existen diferentes niveles de voluntad política. Una cooperación mas estrecha entre las diversas instancias involucradas(gobierno, poder Judicial, el sector privado, organizaciones no gubernamentales) es crucial!.

¿Cuál seria la mayor consecuencia si no se da importancia al tema de trata de personas?
Trata de personas esta por lo general estrechamente vinculada a las organizaciones delictivas nacionales e internacionales, que a menudo están involucrados con otros delitos tales como drogas. Creciente trafico de personas conduce al aumento de trata implica un deterioro de la situación de los derechos humanos y causa daños de importancia psicológica y de otro índole a las victimas. Todo ellos a su vez afecta la estabilidad de una sociedad.

¿Cree usted que las instituciones estatales le da la verdadera importancia al problema?
Mi impresión es que la participación y el interés varían. Algunas entidades están muy comprometidas, otras no reconocen el problema de manera fehaciente. He allí un reto importante. También en los países bajos: como ya saben en Holanda contamos hace ya una década con una institución nacional de Relatoría Especial para la Trata, cuya tarea consiste en dar seguimiento al compromiso del gobierno, y cuando sea necesario reforzarlo. Este mandato suerte un efecto un efecto positivo, y refuerza el aniño para cooperar interinstitucionalmente.

Desde su primer contacto con la realidad peruanas, en especial sobre el tema de trata de personas, a la actualidad, ¿percibe un avance o un estacionamiento en las acciones que se realizan?

Me parece que el Perú, desde el periodo de violencia 1980 hasta 2000, ha hecho buenos progresos en el ámbito de los derechos humanos. Hay compromiso(o por lo menos formalmente) del gobierno, hay una política. Sin embargo, ocurren aun demasiados incidentes y la política no siempre se traduce en acción y en prácticas de seguimiento. Esto requiere atención.

¿Considera Señor Embajador, que la sociedad ya tiene un concepto claro de lo que representa la trata de personas?

En muchos países, incluyendo los países Bajos, se constata que mucha gente no comprende aún o lo suficiente la problemática de trata, ni quienes exactamente son las victimas y quienes los autores(victimantes?), cuales son las implicancias y consecuencias de la trata, tanto para los directamente involucrados pero también para la sociedad en su conjunto. La investigación, la provisión y difusión de información, la sensibilización y un control eficaz, fuerte y visible son absolutamente necesario para elevar la conciencia.(entrevista hecha por Jean Carlo Gonzalo Cuba Yaranga)

Formulación de políticas con el enfoque basado en DDHH

El Perú cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos, un acuerdo Nacional y un Decreto Supremo que recoge las políticas de obligatorio cumplimiento, dirigidas a promover la igualdad de oportunidades en relación a mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, adolescentes, niños y niñas concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado a suscrito. Sin embargo, existen serias dificultades por parte de nuestros gestores de políticas públicas para adecuar sus decisiones al marco internacional y constitucional, en parte debido al escaso conocimiento en torno a la aplicación de un Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) para las políticas públicas. Sin embargo, asumiendo que la política pública no es sólo la decisión política, sino la operativización de la misma, debemos señalar también como dificultad en el respeto de los derechos y promoción del desarrollo, a la prevalencia de una cultura funcionarial discriminatoria que contribuye a generar acciones que incumplen las obligaciones de garantía, respeto y protección de derechos, y que llevan a una ruptura entre los funcionarios y la ciudadanía en el trato cotidiano.

En este contexto, resulta necesario promover espacios de difusión y capacitación de este enfoque, como una importante herramienta para la promoción del desarrollo y la reducción de la pobreza. En ese sentido, la Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa, (CODHA) con el apoyo del Grupo Impulsor del Plan Nacional de Derechos Humanos, conformado por el Movimiento Para Que No Se Repita, Amnistía Internacional, Perú Equidad, CEDAL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, ha realizado en Arequipa, los días 21 y 22 de Junio el Taller METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CON ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS, dirigido sólo a funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa y Gobiernos Locales, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Universidad Católica de Santa María. Para este evento llegaron desde Lima la Dra. Renata Bregaglio Lazarte y el Dr. Alejandro Silva Reina, quienes abordaron los temas: el Enfoque de Derechos Humanos en las Políticas Públicas y el Plan nacional de Derechos Humanos.

PRONUNCIAMIENTOLA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA ES UN DERECHO

El Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita reunido en la XVII Reunión Nacional acordó, poner en conocimiento de la población peruana su indignación y protesta por la sorpresiva publicación el día de hoy 16 de junio de 2011, del Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM que vulnera el derecho a la reparación que tienen las víctimas y sus familiares, en ese sentido manifestamos lo siguiente:

1.El DS 051 establece el 31 de diciembre de 2011 como plazo final para la de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas individuales. De esta manera, las víctimas que pretendan inscribirse después del 31 de diciembre del presente año, no podrán acceder a su derecho a una reparación económica. Violando el derecho constitucional al trato igualitario. Asimismo contraviene el carácter permanente del Registro establecido en el art. 68 del Reglamento de la Ley 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones.

2.Señala como monto de reparación por desaparición forzada, muerte, discapacidad y violación sexual, la suma de 10 000 nuevos soles. Esta cifra ha sido impuesta sin ningún criterio técnico y de manera unilateral por el actual gobierno, desconociendo los múltiples esfuerzos realizados al respecto, y sobretodo, sin recoger la opinión de los afectados. Este monto arbitrario constituye un insulto al dolor y la dignidad de las víctimas y sus familiares.
Queremos recordar que las organizaciones de víctimas han alcanzado a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel una propuesta de criterios técnica para fijar el monto de las reparaciones que no ha sido considerada. Tampoco ha sido tomado en cuenta el informe de la Comisión Técnica conformada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en el que se formulan 4 propuestas de montos con sus respectivos sustentos técnicos. Asimismo, denunciamos que esta norma ha sido aprobada y publicada sin conocimiento del pleno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel.

3.Durante los últimos 5 años, el gobierno ha hecho muy poco o casi nada por dar seguimiento a las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, evadiendo su obligación de reparar a los miles de familiares y víctimas del conflicto armado interno que sufrió nuestro país. Publicar esta norma a casi un mes de concluir el mandato presidencial, constituye un nuevo maltrato y vejación a la dignidad las víctimas del conflicto armado interno.

El Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita y las organizaciones de afectados queremos expresar nuestro profundo rechazo a esta norma impuesta por Alan García y Rosario Fernández, Presidente de la República y Primera Ministra, respectivamente, que mediante este decreto supremo pretenden desconocer el derecho legítimo de los ciudadanos y las ciudadanas, víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado interno. Esta medida no contribuye a cerrar las heridas, ni aporta a la reconciliación de nuestro país. Por todas estas razones, exigimos la inmediata derogatoria de esta norma.

El derecho a la reparación es un derecho fundamental, no es una dádiva. Es una obligación internacional y un compromiso ético del Estado peruano frente a las víctimas del Conflicto Armado Interno, por esta razón invocamos a las autoridades democráticamente elegidas para que se respete la voluntad de los afectados y demandamos su participación activa en este proceso.

Llamamos a la población a estar alertas y a permanecer vigilantes en estos últimos días de gobierno aprista, para denunciar y frenar estos actos inoportunos y arbitrarios, que lo único que pretenden es dividir a las organizaciones de afectados y aprovechándose de sus necesidades y pobreza.

El legado del fujimorismo: De tal palo, tal astilla

Para llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori se ha cubierto del manto del legado de su padre. En más de una ocasión ha afirmado que el gobierno de Alberto Fujimori fue el mejor que ha tenido el Perú en toda su historia.

Ahora que busca ir más allá del voto naranja, intenta moderar su discurso. Ante preguntas de medios afines (¡ahora casi todos!), ha reconocido que el gobierno de su padre fue autoritario, pero jamás acepta que tiene responsabilidad por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En una entrevista reciente, Keiko Fujimori afirma que los militares cometieron los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y si su padre cometió un error fue al no castigarlos inmediata y severamente.

A la desmemoriada Keiko Fujimori y sus simpatizantes, habría que recordarles que, tal como ha sido probado en el más alto tribunal de la justicia del país, su padre armó la estructura política y militar que permitió que esas violaciones se dieran. Es más: su padre hizo todo lo posible por negar la existencia de dichas violaciones y por proteger a sus autores, incluso la promulgación de las leyes de amnistía de 1995. Juega con la idea de que el mismo Fujimori mantuvo a lo largo del juicio en su contra por violaciones de los derechos humanos: salvó al Perú del terrorismo pero no es responsable de cualquier acto violatorio de los derechos humanos que se cometió en el camino. O sea, es el autor mediato de la lucha contra el terrorismo, pero no de las graves violaciones que se cometieron como parte de ella. No, pues.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel —en un juicio imparcial que garantizó con pulcritud su derecho al debido proceso— por tres casos: la masacre de 15 personas, incluso un niño de ocho años, en Barrios Altos; la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta; y los secuestros de los sótanos del SIE. Pero no fueron los únicos casos de violaciones de los derechos humanos cometidos durante su gobierno. Tal como señala el fallo condenatorio a Fujimori, el temible Grupo Colina, escuadrón de la muerte creado al interior de las Fuerzas Armadas con el aval de Alberto Fujimori, responsable por Barrios Altos y La Cantuta, cometió una serie de asesinatos y desapariciones por los cuales no ha sido enjuiciado Fujimori (debido a las reglas del tratado de extradición con Chile), tales como la desaparición de los campesinos de Santa, la desaparición del periodista Pedro Yauri y el asesinato de la familia Ventocilla.

Pero la violación de los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori va más allá aun de los casos cometidos por el Grupo Colina. Está el tema de la detención arbitraria de miles de peruanos y peruanas por la draconiana legislación antiterrorista de 1992. El mismo Fujimori se vio obligado a nombrar una Comisión Ad Hoc para revisar estos casos y indultó a más de 500 personas (miles más fueron indultados luego durante el gobierno de transición). No fueron terroristas, como Keiko Fujimori insinuó en el debate presidencial anterior a las elecciones, sino inocentes —y por eso fueron indultados—.

Está el tema de la desaparición forzada, una práctica de las fuerzas de seguridad desde los años ochenta que continuaba a inicios de los noventa. Algunos de estos casos cometidos durante los noventa ya han sido judicializados y sus autores materiales sancionados, como en el caso de la desaparición forzada del estudiante universitario Ernesto Castillo Páez o las autoridades locales de Chuschi. Pero otros no, como la desaparición del activista de derechos humanos de Huancavelica Angel Escobar Jurado, o los estudiantes Martín Javier Roca Casas y Kenneth Ney Anzualdo, quienes protestaron por la presencia de agentes de inteligencia al interior de la Universidad Nacional del Callao y luego fueron desaparecidos —y, según el testimonio del agente del Grupo Colina Jesús Sosa Saavedra, torturados y luego calcinados en los sótanos del SIE—.

Culpa a Montesinos y la fuerzas de seguridad para limpiar a su padre, tapando el sol con un dedo, pues fue su padre quien dio poder a Montesinos y cogobernó con las Fuerzas Armadas, a las que corrompió.

Hubo ejecuciones extrajudiciales en comunidades campesinas como Chumbivilcas, Santa Bárbara y otras. Ejecuciones extrajudiciales de personas que el régimen fujimorista consideró peligrosas por sus críticas al régimen, como el asesinato del secretario general de la CGTP Pedro Huilca Tecse. Ejecuciones extrajudiciales de personas rendidas, violación de toda ley de guerra, tal como se dio luego del rescate en la residencia del Embajador de Japón y luego del autogolpe en el penal Castro Castro.
Pero no se puede quedar ahí. El gobierno de Alberto Fujimori no solo violó los derechos humanos al matar, torturar y desaparecer a personas consideradas enemigas del régimen. También violó los derechos humanos al usurpar el poder, limitar la libertad de prensa, usurpar las funciones de otros poderes del Estado, corromper a los medios de comunicación y robar descaradamente de la arca pública. Gobernar con base en el miedo también viola los derechos humanos de los ciudadanos que no se sienten entonces seguros de poder ejercer libremente sus derechos de expresarse y de asociarse.

¿Será diferente un gobierno de su hija Keiko Fujimori? Difícil imaginarlo. Su intento de ir más allá de su base naranja queda chico, por decir lo menos. Ha reconocido el carácter autoritario del gobierno de su padre, y que se mató a los estudiantes de La Cantuta. Pero niega lo principal, lo evidente: que su padre fue el hilo conductor de un régimen nefasto que destruyó las ya debilitadas instituciones democráticas en el país, envileció a la política y gobernó con un arma como el miedo, la violación de los derechos humanos y la corrupción. Culpa a Montesinos y la fuerzas de seguridad para limpiar a su padre, tapando el sol con un dedo, pues fue su padre quien dio poder a Montesinos y cogobernó con las Fuerzas Armadas, a las que corrompió para mantenerse en el poder. Por años Keiko Fujimori ha prometido que indultaría a su padre al ser elegida presidenta, pero ahora jura “por Dios” que no lo hará, probablemente segura de que otros lo harán para que ella quede limpia. De tal palo, tal astilla. (Jo-Marie Burt)