En el círculo de fuego

Diego García-Sayán es el primer peruano elegido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Un contacto electrónico enfervorizado”. Así describe Diego García-Sayán la parte no presencial de su trabajo como magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Pese a su nombre tan pomposo, es el tribunal más pobre que existe en el planeta. Más pobre que el Tribunal Andino de Justicia y que la Corte de Centroamérica”.
Ello implica que los siete jueces deban continuar con sus ocupaciones en sus respectivos países.
Por eso este rockero ocasional, director general de la Comisión Andina de Juristas y ex ministro de Justicia y Relaciones Exteriores deberá intensificar todavía más su frenética lectura de correos electrónicos. Se acaba de convertir en el primer peruano elegido unánimemente por sus seis colegas como presidente de la CIDH, con sede en Costa Rica.
A pesar del presupuesto, este tribunal supranacional tiene un significado trascendente para el Perú. El retiro de su jurisdicción signó un momento en el que el régimen de Alberto Fujimori decidió aislarse de la comunidad internacional. A su vez, volver a su esfera de competencia significó reconocer que las instancias supranacionales no eran para ser tomadas a la broma. Sus fallos en casos claves como las masacres de la Cantuta y Barrios Altos fueron, a su vez, determinantes en la histórica sentencia de veinticinco años impuesta a Fujimori. El gobierno peruano invitó al tribunal a realizar sus audiencias en Lima en abril próximo.
García-Sayán otea el cambio de los vientos desde el monumento El Ojo que Llora en el Campo de Marte: “Hoy los estados latinoamericanos no van con el discurso viejo que tenían las dictaduras o los autócratas de decir: eso es mentira, es invención de los terroristas, de los izquierdistas y de las ONG. Aquí hay hechos y son ciertos, aceptamos que fueron así y que no deben de producirse más. Hace diez años hubiéramos pensado que era algo más para europeos. Era imposible pensar que iba a funcionar una corte que no tiene policías ni manera de trabarle embargo a una cuenta del Estado para que pague una reparación. Eso demuestra que no todo está funcionando, pero hay cosas que sí están funcionando”. El 80% de las reparaciones determinadas por la CIDH a favor de ciudadanos demandantes han sido sufragadas por los estados aludidos.
No ha sido un reciente camino exento de baches. Ciertamente, regaló munición a los críticos de la Corte la resolución (2007) del caso de la masacre del penal de Castro Castro, que incluyó una reflexión del juez brasileño Cançado Trindade calificando a las senderistas como “Juanas de Arco”. García-Sayán, que se inhibe en todos los casos relacionados con el Perú, aclara que “no era el pensamiento de la Corte porque no era parte de la sentencia y en segundo lugar era una reflexión retórica poética que no tenía una consecuencia jurídica particular”. El brasileño es ahora juez en la Corte Penal de La Haya.
“Nunca fui juez”. García-Sayán reconoce que le costó integrarse a la rutina de trabajo de la Corte. La toga (“la pijama”) propia de los magistrados y los interminables debates jurídicos no eran lo suyo. Pero la mirada de este abogado de 59 años se ilumina cuando explica las razones que hacen apasionante el trabajo.
“Las decisiones de la Corte en los últimos años están influyendo de manera muy decidida en políticas públicas”, explica. En tiempos de autoritarismos y guerras sucias, los fallos de la Corte lidiaban con los crímenes del Estado. Hoy imponen lo que García-Sayán llama sus “obligaciones positivas”. Esto significa “tener un sistema judicial eficiente, que funcione, que sea accesible, al que la gente pueda llegar y que resuelva en un plazo razonable”.
De alguna manera, corren tiempos en los que el Estado asume un nuevo rol central. “Es una fase muy distinta a la del pensamiento único del consenso de Washington, que le decía a los estados: tienen que privatizar empresas e imponían una injerencia constante”.
Hoy la Corte le hinca el diente a casos relacionados con “asuntos muy interesantes sobre pueblos indígenas y el requisito del consentimiento para otorgar concesiones. Lo que no significa que no se pueden dar, pero tiene que haber algún tipo de compensación económica para la gente. Esto a propósito de unos casos de Surinam que tienen vigencia más allá”. Los trágicos ecos de Bagua vienen de inmediato a la memoria.
Otros ejes actuales son los de acceso a la información –con una reciente sentencia ejemplar para un caso de Chile– y regímenes pensionarios. Bárbaros crímenes de Estado todavía son denunciados desde México –con el feminicidio en Ciudad Juárez como triste ejemplo– y Colombia. El filtro previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos posibilita que la carga procesal de la Corte sea moderada. Ven solo unos veinte casos al mismo tiempo.
Un gran pendiente es la ausencia de Estados Unidos en el sistema. “Quisiera pensar que con la administración Obama se puedan dar pasos en esa dirección”, confía García-Sayán. “Podría darse el caso que, con algunas reservas, EE.UU. se adhiera a la Corte Penal Internacional. No creo, realistamente, que con la CIDH se pueda dar un giro de 180 grados pero estoy convencido de que puede establecer un camino de diálogo para generar sensibilidad, no tanto en los sectores académicos donde ésta ya existe, sino en los círculos políticos”. Seguro que centenares de correos electrónicos se invertirán en el esfuerzo. (Enrique Chávez, tomado de Caretas 2107)