Taller de violencia familiar y sexual

Estas son las primeras conclusiones del V Encuentro Regional de la MCLCP-AQP, desarrollado el 15 de julio pasado y que tuvo como tema central Problemática de la violencia familiar y sexual en la región Arequipa

1. El origen de la violencia familiar y sexual está basado en la distorsión de las relaciones interpersonales, que se plasman asimétricamente en el ámbito familiar, educativo, social y laboral de nuestra comunidad y que se ven reflejados y combinados en la sociedad con otros tipos violencia, formando un círculo vicioso.

2. Existe una presencia desviada de la autoridad en las familias que entiende a la víctima como propiedad y/o posesión del agresor(a). También se observa que la problemática de la violencia familiar se ha incrementado en otros grupos vulnerables como niños y niñas, adultos mayores y varones, sumándose estas a las victimas de siempre, las mujeres.

3. La visibilización de los casos de violencia familiar y sexual, así como su incremento han convertido este problema en uno de salud pública, que amerita una mayor atención por parte de equipos multidisciplinarios para que tomen en cuenta la multiculturalidad, el respeto a los derechos humanos, a los derechos de los usuarios y a los derechos de los niños y adolescentes, quienes hoy en día pueden denunciar directamente todo tipo de abuso a que sean sometidos ante cualquier autoridad.

I. Propuestas

• Debe entenderse que las formas de crianza, intolerancia, miedo y honor de la familia, e indocumentación pone a las victimas en una situación de vulnerabilidad, contexto que debe ser mitigado a través de programas de sensibilización y prevención, por parte de los organismos gubernamentales y no gubernamentales hacia la población en general.

• Es necesario la implementación de políticas públicas coherentes que impliquen la asignación de mayores recursos para programas que obedezcan a la prevención y atención de las víctimas de violencia familiar y sexual, políticas que deben ser fortalecidas con proyectos de desarrollo humano en espacios de presupuestos participativos locales. Ello supondría que las instituciones que trabajan directamente con víctimas de violencia sexual y familiar mejoren las acciones que vienen realizando y que por la precariedad de recursos no inciden integralmente en la población.

• A pesar que legalmente se ha delimitado la función del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y las Demunas, es imperante que estos asuman sus funciones en forma responsable, para evitar la revictimización de las víctimas debido a una absurda burocracia.

• Crear espacios de vigilancia ciudadana en instituciones educativas, dado que ese es el ambiente privilegiado para lograr que los menores resuelvan sus problemas de forma no violenta (cultura de paz), de ésta manera los niños y adolescentes harán escuchar su voz y sus denuncias.

• Promover programas de rehabilitación y su empoderamiento para las víctimas que respeten su autoestima y autonomía, así como la confidencialidad de sus testimonios en un ambiente adecuado.

• Es importante rescatar además, las experiencias exitosas de programas sociales de rehabilitación como, “Casa Hogar Isabel”, “Mamis”, etc.


Trabajo de talleres: Procedimientos administrativos y judiciales y casos

Grupo 1: Procedimiento administrativo frente a situaciones de violencia:

Existen centros de referencia y centros de salud a nivel nacional, regional o local que toman conocimiento de los casos de violencia sexual y familiar, pero las únicas instituciones encargadas de recibir denuncias y tomar los primeros pasos son: la PNP, Demuna, Fiscalía.

El encargado de la denuncia o investigación debe emitir un reconocimiento médico legal, físico y psicológico para la agraviada

Nudos críticos

• Los efectivos policiales no toman la manifestación en el momento oportuno, frente a lo que las victimas pueden interponer quejas ante la inspectoría regional.
• Duda respecto a la interposición de la denuncia, por la falta de credibilidad de los efectivos policiales.
• Incumplimiento de funciones por parte de los operadores y ausencia de un debido presupuesto para atender los casos de violencia.
• Falta de sensibilización por parte de los profesionales de salud
• Las víctimas no conocen sus derechos ni procedimientos, por tanto tienen temor a proseguir judicialmente y a que sufran alguna nueva violencia debido a su baja-casi ausente autoestima y su dependencia económica.
• Ausencia de un debido presupuesto para atender los casos de violencia.

Propuesta:

• Rendir una sola manifestación que tenga validez durante todo el proceso para evitar la revictimización, debido a la exposición en varias oportunidades y ante diferente personal actos dolorosos y privados. También por el peligro de que se cambie la versión de los hechos.
• Que se tenga un sólo formato para interponer las denuncias sobre violencia familiar y sexual.
• Que el Ministerio de Salud establezca un protocolo de actuación de las personas que son víctimas, a pesar que la ley de violencia familiar ya establece uno; en todo caso que se actualice y revalide.
• Capacitar, evaluar y sensibilizar al personal de la PNP, de salud, operadores del sistema de justicia y público en general, acerca de violencia, derechos humanos y procedimientos. Es importante las réplicas de las mismas; además de difundir el tema de protección a la víctima y de la ubicación de la casa hogar más cercana
• Creación de una Comisaría de la Mujer en los extremos de Arequipa. (zonas alejadas)
• Difundir el flujograma de procedimiento sobre violencia.

Grupo 2: Análisis de casos reales de violencia familiar (Paz-Perú)

Nudos críticos

• Bajo nivel educativo de las victimas y agresores
• Indiferencia y falta de solidaridad de la sociedad ante la violencia familiar y sexual.
• Encubrimiento por parte de los miembros de la familia por miedo al deshonor familiar.
• Dilatación de los procesos judiciales
• Bajo compromiso de instituciones publicas y privadas en relación a la prevención de la violencia familiar y sexual

Propuesta:

• Mayor compromiso y capacitación a las autoridades locales y operadores del sistema de justicia.
Implementar los planes regionales contra la violencia familiar y sexual, partiendo de un diagnóstico de base.