8.5.09

La mayoría de quejas por discriminación es por padecer VIH/Sida


Un total de 149 quejas por discriminación recibió entre los años 2007 y 2008 la Defensoría del Pueblo, en la mayoría de los casos por padecimiento de VIH/SIDA o razones de género, reveló la defensora Beatriz Merino, quien sostuvo que la respuesta del Estado a estos casos no es organizada sino parcial e insuficiente.
De esa cifra, 28 casos fueron motivados por la enfermedad del VIH/Sida, mientras que 22 por género, 19 por la raza o identidad étnica, 18 por discapacidad, 13 por origen o procedencia, 12 por indumentaria, 11 por edad, 9 por religión, 7 por orientación sexual, y 4 por apariencia física, entre otros factores.
Merino anotó que si bien se han dado algunos pasos como las 36 ordenanzas regionales contra la discriminación y que contienen medidas importantes para erradicar esas prácticas, esto no es suficiente para lograr una respuesta organizada a este problema.
Señaló que para que se determine si un caso es discriminación o no debe analizarse tres factores: si hay trato diferenciado, si hay un motivo prohibido y si se afecta o no algún derecho de la persona.
Señaló que la sentencia del primer caso por discriminación que denunció la Defensoría del Pueblo ante el Poder Judicial relacionado con la estudiante Vilma Palma, será leída el 15 de mayo próximo.
Cabe recordar que Palma, una estudiante de Industrias Alimentarias del Instituto Superior Tecnológico Manuel Arévalo Cáceres, de Los Olivos, fue discriminada por sus profesores cuando intentaba realizar prácticas profesionales, debido a que padece de discapacidad motora y de lenguaje.
La titular de la Defensoría reiteró en otro momento su respaldo a la congresista Hilaria Supa, quien fue criticada por un medio de comunicación por su deficiente redacción en español.
Merino dijo que no escribir con pulcritud el español no revela incompetencia ni política ni ética sino que más bien es “una realidad que comparten millones de peruanos y que se pueden superar”.
Agregó que en un país con tanta diversidad cultural y con inocultables desigualdades sociales y económicas, la representación del Congreso debe ser la expresión de éste “y en esa forma se garantiza que se legisle tomándose en cuenta la opinión de amplios sectores de la población”.
RECOMENDACIONES
La Defensora del Pueblo presentó hoy el informe “Actuación del Estado frente a la discriminación. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo”, en el que se dicta una serie de recomendaciones para las diversas entidades estatales.
Entre éstas se plantea la capacitación de jueces y fiscales a fin de que sus pronunciamientos en estos casos guarden los mismos parámetros.
También se recomienda al Ministerio de Salud, Essalud y a los gobiernos regionales adoptar medidas para evitar y prevenir actos de discriminación en las atenciones de salud, entre otras.
Asimismo, la defensora del Pueblo anunció que esa institución seguirá prestando apoyo a Carmen Guevara, madre de un menor que resultó infectado con VIH en la ex Maternidad de Lima y que ha sido discriminado en colegio de San Juan de Lurigancho. (El Comercio)

28.4.09

Código Penal Ecuatoriano


De Los Delitos De Odio
Art.Será sancionado con prisión de seis meses a tres años el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.

Art.- Será sancionado con prisión de seis meses a dos años el que cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.
Si de los actos de violencia a que se refiere este artículo, resultare herida alguna persona, los autores serán sancionados con prisión de dos a cinco años. Si dichos actos de violencia produjeren la muerte de una persona, sus autores serán sancionados con reclusión de doce a dieciséis años.

Art.-Será sancionado con prisión de uno a tres años, el que en ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, o excluya a una persona o niegue o vulnere o restrinja los derechos consagrados en la Constitución, por razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.

Art.-Al que, siendo servidor público, incurra en alguna de las conductas previstas en este capítulo o niegue o retarde a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, se sancionará conforme lo previsto en el artículo anterior. En estos casos el funcionario quedará inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

El español andino en primera plana


Uno de los acontecimientos claves para la creación de la lingüística moderna fue el descubrimiento de que todos hablamos según las inexorables reglas que hemos construido al adquirir nuestra lengua, y que por tanto no existen lenguas ni dialectos mejores o peores que otros. Por esa razón, nadie se puede atribuir la versión correcta del español: simplemente no existe tal versión.
A veces esto es fácil de aceptar: nadie cree que sea mejor decir aguacate que palta, o papa que patata. Como estamos acostumbrados a crear nuevas palabras, toleramos las diferencias léxicas. Otras propiedades gramaticales, en cambio, son más estables y la variación genera resistencia. Y ante variedades adquisicionales, es decir, ante gramáticas formadas durante la adquisición de una segunda lengua, el rechazo es realmente feroz, aunque estas sean también un producto regular de la facultad lingüística.
Y si el usuario de una variedad adquisicional pertenece a un grupo marginado, el rechazo lingüístico se convierte en perfecto vehículo para encubrir la discriminación. Escuchar Del cóndor su pata impulsa a algunos a denunciar una imaginaria falta de inteligencia. Así utilizan un discurso cuya premisa básica es socialmente aceptable (el rechazo a la diferencia lingüística) para propagar formas de discriminación que serían intolerables sin camuflaje. Eso hizo el diario Correo al ridiculizar a Hilaria Supa porque escribe en español andino, variedad adquisicional fruto del contacto entre el español y las lenguas andinas: con la excusa de denunciar errores ortográficos y gramaticales, dio rienda suelta a sus prejuicios.
Es tan absurdo negarle a alguien hablar en quechua como negarle hablar en una variedad de contacto. No se trata de que cada uno escriba como quiera, pero no tiene sentido quejarse porque la escritura refleje las propiedades de la lengua del usuario. Denunciar la ortografía de Supa equivale a negarle al español andino el derecho a ser escrito. Eso es inaceptable.
Si rechazamos la premisa de que los usuarios de esa variedad están “hablando mal”, podemos resignificar la portada de Correo.
En verdad representa un hito: después de 500 años, el español andino está finalmente en primera plana. Es cierto, su presencia viene acompañada de una interpretación negativa. Denunciemos el prejuicio, pero conservemos la noticia real: el español andino ha sacado la cabeza de los nichos de segregación a los que el discurso prescriptivo lo condenó, y ha puesto un pie en el Congreso de la República. No es Supa quien no sabe; es Correo quien ignora por completo el verdadero significado de la noticia que reporta: la escena oficial ya no puede seguir embalsando las variedades lingüísticas y estas reclaman su derecho a ser formas legítimas de expresión en todos los contextos. Quizá sea el signo de un tiempo nuevo, en el que se diluya para siempre la absurda dicotomía entre Perú “profundo” y Perú “contemporáneo”. (Miguel Rodríguez Mondoñedo, Lingüista, Universidad de Indiana).

16.4.09

Informe Defensorial


La Defensoría del Pueblo, presentará el próximo lunes 20 de abril a las 11 de la mañana en la Casona de Editora Perú, Esq. de Consuelo con Álvarez Thomas el Informe Defensorial Nº 140 sobre Derechos Humanos y Salud Mental. Quedan todos invitados.

Condena al ataque terrorista y solidaridad con las víctimas del VRAE


El último 9 de abril, el país fue remecido, nuevamente, con un ataque terrorista proveniente de los remanentes senderistas que actúan en la región del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). Ese ataque causó la muerte de 14 efectivos y varios heridos, muchos de ellos jóvenes que truncan así sus aspiraciones y deseos de servir al país. Cabe resaltar que esta tragedia afecta, fundamentalmente, a sus familiares a quienes manifestamos nuestras profundas condolencias.

La Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa (CODHA) rechaza, condena y espera pronta sanción para los autores de estos asesinatos. Asimismo, renovamos nuestro compromiso con los derechos humanos y nuestra adhesión, cada vez mayor, a la democracia, único tipo de gobierno que lo garantiza y desarrolla.

7.4.09

Sentencia a Alberto Fujimori


PARTE CUARTA
DECISIÓN
821°. Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación y con el criterio de conciencia que la Ley autoriza, habiendo planteado, discutidas y votadas las cuestiones de hecho que corren en pliego aparte, la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República;
F A L L A :
822°. Declarando INFUNDADAS las cuestiones probatorias deducidas por la defensa del acusado Alberto Fujimori Fujimori conforme a los acápites dos –cuestiones probatorias–, tres –prueba videográfica y audiográfica– y cuatro – otros cuestionamientos probatorios– del Capítulo I de la Parte Segunda de la presente sentencia, salvo:
I. La parcial aceptación de la objeción respecto de la exposición del experto militar José Luis García en orden al Manual MFA–110–1–EMC, conforme a lo establecido en el párrafo 70°.
II. La estimación de las cuestiones probatorias referidas a las declaraciones sumariales precisadas en los párrafos 72° y 73°, que se declaran no valorables en esta causa; y al audio denominado “Diálogo Fujimori– Montesinos”, conforme al párrafo 153°, que se excluye del acervo probatorio.
823°. CONDENANDO a ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI o KENYA FUJIMORI, cuyas generales de ley han sido precisadas en el párrafo 4°, como autor mediato de la comisión de los delitos de:
I. Homicidio calificado – asesinato, bajo la circunstancia agravante de alevosía, en agravio de:
1. Luis Antonio León Borja.
2. Luis Alberto Díaz Ascovilca.
3. Alejandro Rosales Alejandro.
4. Máximo León León.
5. Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre.
6. Octavio Benigno Huamanyauri Nolasco.
7. Filomeno León León.
8. Lucio Quispe Huanaco.
9. Tito Ricardo Ramírez Alberto.
10. Teobaldo Ríos Lira.
11. Manuel Isaías Ríos Pérez.
12. Nelly María Rubina Arquiñigo.
13. Odar Mender Sifuentes Núñez.
14. Benedicta Yanque Churo
15. Javier Manuel Ríos Rojas. (CASO BARRIOS ALTOS)
16. Juan Gabriel Mariño Figueroa.
17. Bertila Lozano Torres.
18. Dora Oyague Fierro.
19. Robert Teodoro Espinoza.
20. Marcelino Rosales Cárdenas.
21. Felipe Flores Chipana.
22. Luis Enrique Ortiz Perea.
23. Richard Armando Amaro Cóndor.
24. Heráclides Pablo Meza.
25. Hugo Muñoz Sánchez. (CASO LA CANTUTA)
II. Lesiones graves, en agravio de:
1. Natividad Condorcahuana Chicaña.
2. Felipe León León.
3. Tomás Livias Ortega.
4. Alfonso Rodas Alvitres. (CASO BARRIOS ALTOS)
Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal.
III. Secuestro agravado, bajo la circunstancia agravante de trato cruel, en agravio de:
1. Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen.
2. Samuel Edward Dyer Ampudia. (CASO SÓTANOS SIE)
824°. En tal virtud, le IMPUSIERON VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, que computada desde el siete de noviembre de dos mil cinco en que fue privado de su libertad en Chile atendiendo a la solicitud de extradición hasta el dieciocho de junio de dos mil seis en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el veintidós de septiembre de dos mil siete en que fue puesto a disposición de este Tribunal vencerá el diez de febrero de dos mil treinta y dos.
825°. ESTABLECIERON como medidas a favor de los agraviados, conforme lo definido en la Parte Tercera, Capítulo IV, acápites 3° a 8°, de esta sentencia, las siguientes:
A. FIJARON por concepto de daños inmateriales a favor de Marcelino Marcos Pablo Meza y Carmen Juana Mariños Figueroa, hermanos de los agraviados fallecidos Heráclides Pablo Meza y Juan Gabriel Muñoz Figueroa, respectivamente, la suma de sesenta y dos mil cuatrocientos nuevos soles a favor de cada uno de ellos.

B. SEÑALARON por concepto de pago compensatorio la cantidad de veinte mil dólares americanos a favor de los herederos legales de: 1. Luis Antonio León Borja, 2. Alejandro Rosales Alejandro, 3. Máximo León León, 4. Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, 5. Octavio Benigno Huamanyauri Nolasco, 6. Manuel Isaías Ríos Pérez, 7. Benedicta Yanque Churo, 8. Javier Manuel Ríos Rojas, 9. Juan Gabriel Mariño Figueroa. 10. Bertila Lozano Torres, 11. Dora Oyague Fierro, 12. Robert Teodoro Espinoza, 13. Felipe Flores Chipana, 14. Luis Enrique Ortiz Perea. 15. Richard Armando Amaro Cóndor, 16. Heráclides Pablo Meza, y 17. Hugo Muñoz Sánchez. Asimismo, a favor de: 18. Natividad Condorcahuana Chicaña, 19. Felipe León León, 20. Tomás Livias Ortega, y 21. Alfonso Rodas Alvitres. La cantidad de sesenta y dos mil cuatrocientos nuevos soles se dividirá proporcional a favor de cada agraviado; es decir, dos mil novecientos setenta y un nuevos soles con cuarenta y tres céntimos a cada uno de ellos.
C. DETERMINARON por concepto de indemnización por daño extrapatrimonial o inmaterial la suma de cuarenta y seis mil ochocientos nuevos soles a favor de cada uno de los agraviados Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen y Samuel Edward Dyer Ampudia.

D. PRECISARON que los tres montos dinerarios serán abonados por el encausado Alberto Fujimori Fujimori a título personal. Estos montos, a su vez, devengarán el interés legal desde la fecha en que se produjo el daño.

826°. RESOLVIERON que no procede:
1. RECONOCER a favor de los veintinueve agraviados correspondientes a los casos Barrios Altos y La Cantuta –con la excepción fijada en el literal a) del párrafo anterior– una suma indemnizatoria por concepto de daños materiales e inmateriales, porque ya se decidió el punto en sede internacional, cuya ejecución en sede interna debe hacerse en la vía y forma de ley.

2. DECRETAR el cumplimiento de medidas de satisfacción, rehabilitación y de no repetición solicitadas por la parte civil porque éstas ya han sido dispuestas por la justicia internacional (siete medidas en cada uno de los casos Barrios Altos y La Cantuta han sido dispuestas por la CIDH).
827°. Atento a lo definido en el párrafo 764° de esta sentencia, el Tribunal HACE CONSTAR, terminantemente, que los veintinueve agraviados reconocidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta –cuyos nombres se indican en el párrafo 783°, I y II, del fallo– no estaban vinculados a las acciones terroristas del PCP–SL ni integraban esa organización criminal.

828°. DISPUSIERON se formulen cargos: (i) contra Alberto Augusto Pinto Cárdenas, Vladimiro Montesinos Torres y Nicolás de Bari Hermoza Ríos por delito de secuestro agravado en agravio de Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen; (ii) contra Nicolás de Bari Hermoza Ríos por delito de rebelión en agravio del Estado; y, (iii) contra Willy Chirinos Chirinos por delito de falso testimonio en agravio del Estado. En consecuencia, ORDENARON se forme el cuaderno respectivo con copia de esta sentencia y de las piezas procesales citadas en la Parte Tercera, Capítulo V, acápites 2 y 3, y se envíe a la Fiscalía Provincial competente para los fines de ley correspondientes.
829°. CURSARON el respectivo requerimiento de investigación al Ministerio Público para que realice los actos de averiguación respectivos acerca del análisis de ADN que se habría enviado a Londres para determinar la identidad de las víctimas del caso La Cantuta.
830°. MANDARON que firme que sea la presente sentencia se inscriba en el Registro respectivo, se remitan los testimonios y boletines de condena; y, hecho, se envíe el proceso al órgano jurisdiccional de origen para los fines legales correspondientes. Hágase saber en audiencia pública y tómese razón donde corresponda.
Ss.
SAN MARTÍN CASTRO,PRADO SALDARRIAGA,PRÍNCIPE TRUJILLO

5.4.09

PUCP lanza Maestría virtual en DDHH


A partir del semestre 2009-II, el IDEHPUCP y la Escuela de Posgrado de la PUCP ofrecerán esta nueva modalidad de enseñanza que busca descentralizar la especialización de los estudios en derechos humanos.
Ver más sobre la Maestría en DDHH