Conferencia de Rocío Silva Santisteban

En el marco del I CONGRESO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS que viene realizándose en Arequipa del 14 al 16 de setiembre, la Dra. ROCÍO SILVA SANTISTEBAN, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de DDHH, ofrecerá una importante conferencia magistral con el tema:“INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS HUMANOS”.

El evento se desarrollará en el AUDITORIO DEL PARANINFO DEL UNSA, ESTE JUEVES 15 DE SETIEMBRE A LAS 10.00 A.M.

La Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa (CODHA), invita a la comunidad arequipeña, a participar activamente en esta presentación vinculada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el Perú.

Trata de personas, III Concurso periodístico

I Congreso de DDHH

Entrevista a Arian Hamburger, embajador del Reino de los Países Bajos

¿Cómo percibe la participación de las organizaciones peruanas den temas de Derechos Humanos?
Estoy impresionado por el número, la calidad e intensidad de las organizaciones peruanas de derechos humanos. Juegan un papel muy activo, tanto en términos de proporcionar información a la población como para instar a los sectores público y privado vigilar por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y mejorarlas de manera estructural. Es esencial que los diferentes segmentos de la sociedad (la política, la administración, el sector privado, sociedad civil) se entender bien y cooperar juntos.

¿Cuales considera son nuestras fortalezas y cuales las debilidades respecto al tratamiento de Derechos Humanos?
La fuerza esta en que se puede debatir en público sobre la importancia de respetar los derechos humanos del Perú. También existen políticas y planes acción. El punto más débil, percibo yo, esta en que estos planes aun no encuentren suficiente aplicación ni seguimiento. Además, creemos que las desigualdades económicas y sociales, incluso los derechos humanos, entre los diferentes grupos de la población merecen recibir mas atención.

¿Cómo se plasma el apoyo que nos brinda el gobierno que usted representa?
El gobierno holandés esta apoyando una serie de programas de derechos humanos en el Perú. Estos incluyen apoyo en particular a mujeres, niños y los grupos indígena o grupos vulnerables victima de violencia, la rehabilitación de personas con problemas de adicción encarcelados con vistas a su futura reinserción en la sociedad; proyectos para dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, para reforzar estructuras estamos viendo una actividad conjunta para la promoción del concepto de responsabilidad en las empresas para combatir trabajo infantil.

¿Cuáles son los planes que tiene su país sobre temas de Derechos Humanos?
Respecto por los derechos humanos y las libertades fundamentales es uno de los pilares centrales de la política holandesa, en la propia Holanda como en nuestras relaciones internacionales. Nuestra posición es que los derechos humano son universales y se aplican es todas las partes, independientemente de aspecto de cultura, religión, política o sistema social. Lo hacemos no solo por idealismo, sino también porque estamos convencidos de que el respeto por los derechos humanos conduce a la estabilidad económica y social en el mundo. Y eso también es de nuestro propio interés y beneficio. Por el momento nos centramos sobre toso en cuestiones como la libertad de expresión (incluyendo la libertad en los medios sociales como internet, la libertad de religión., la protección de las minorías vulnerables; buscamos combatir y perseguir los delitos de genocidio y de guerra, proteger a los defensores de los derechos humanos; apoyamos la lucha contra el trabajo infantil y promovemos la responsabilidad social de las empresas del sector privado.
Eso implica que geográficamente se presta mucha mas atención hoy en día a la situación en el mundo árabe y a los países con régimen opresivos y con violencia sistemática graves, tales como Sudan, Irán o Birmania.

Considera óptima la forma como se canaliza el apoyo que brinda su gobierno a nuestro país?
La ayuda financiera holandesa al Perú en materia de derechos humanos, incluida la trata de personas es relativamente modesta. Esto tienes que ver con el hecho de que el Perú como "nueva economía” y con “democracia emergente” no requiere tanto de apoyo financiera, mas si de apoyo político y de asistencia técnica en determinadas áreas. Cooperamos principalmente a través de organizaciones no gubernamentales, ya que estas cumplen un papel esencial y eficaz para elevar la comprensión y difusión de la importancia del respeto de los derechos humanos.

¿Durante su estadía en nuestra ciudad, cómo observa la participación de la sociedad civil y de las autoridades estatales?
Hemos tenido una reunión muy interesante sobre trata y trafico de personas en la cual asistieron tantos representantes de Poder Judicial, de la fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y varios sectores como también de organizaciones gubernamentales y de derechos humanos, y tuvimos la oportunidad de discutir abiertamente sobre este tema de la trata tan complejo.

¿Cree usted que el tema de trata de personas se ha incrementado en nuestro país?
La trata de persona es un problema cada vez mas transfronterizo e internacional que debe ser abordado por todos los países en estrecha cooperación y de la manera drástica y con mas recursos. El mundo se hace cada vez más pequeño, y las fronteras se abren más y más. La globalización conlleva muchas ventajas pero también desventajas, como por ejemplo el crecimiento de la delincuencia transnacional. Esto es cierto para el Perú y eso vale para los países Bajos. La trata de personas es una forma moderna de esclavitud y una grave amenaza para los derechos humanos. Las mujeres y las niñas son las victimas de mano de obra barato o son explotados en trabajo forzado.

¿Cuál opinaría usted debería ser el paso principal para erradicar el problema?
Hay algunos pasos esenciales el compromiso político al más alto nivel, y la consecuente aplicación de los acuerdos y tratados internacionales, acción rigurosa y sanción estricto y ejemplar de los delincuentes; Programas de protección para los y las victimas, y una coordinación eficaz entre todas las autoridades involucradas.

¿Percibe que en nuestro país existe una real voluntad política para controlar el problema?
Nuestra impresión es que existen diferentes niveles de voluntad política. Una cooperación mas estrecha entre las diversas instancias involucradas(gobierno, poder Judicial, el sector privado, organizaciones no gubernamentales) es crucial!.

¿Cuál seria la mayor consecuencia si no se da importancia al tema de trata de personas?
Trata de personas esta por lo general estrechamente vinculada a las organizaciones delictivas nacionales e internacionales, que a menudo están involucrados con otros delitos tales como drogas. Creciente trafico de personas conduce al aumento de trata implica un deterioro de la situación de los derechos humanos y causa daños de importancia psicológica y de otro índole a las victimas. Todo ellos a su vez afecta la estabilidad de una sociedad.

¿Cree usted que las instituciones estatales le da la verdadera importancia al problema?
Mi impresión es que la participación y el interés varían. Algunas entidades están muy comprometidas, otras no reconocen el problema de manera fehaciente. He allí un reto importante. También en los países bajos: como ya saben en Holanda contamos hace ya una década con una institución nacional de Relatoría Especial para la Trata, cuya tarea consiste en dar seguimiento al compromiso del gobierno, y cuando sea necesario reforzarlo. Este mandato suerte un efecto un efecto positivo, y refuerza el aniño para cooperar interinstitucionalmente.

Desde su primer contacto con la realidad peruanas, en especial sobre el tema de trata de personas, a la actualidad, ¿percibe un avance o un estacionamiento en las acciones que se realizan?

Me parece que el Perú, desde el periodo de violencia 1980 hasta 2000, ha hecho buenos progresos en el ámbito de los derechos humanos. Hay compromiso(o por lo menos formalmente) del gobierno, hay una política. Sin embargo, ocurren aun demasiados incidentes y la política no siempre se traduce en acción y en prácticas de seguimiento. Esto requiere atención.

¿Considera Señor Embajador, que la sociedad ya tiene un concepto claro de lo que representa la trata de personas?

En muchos países, incluyendo los países Bajos, se constata que mucha gente no comprende aún o lo suficiente la problemática de trata, ni quienes exactamente son las victimas y quienes los autores(victimantes?), cuales son las implicancias y consecuencias de la trata, tanto para los directamente involucrados pero también para la sociedad en su conjunto. La investigación, la provisión y difusión de información, la sensibilización y un control eficaz, fuerte y visible son absolutamente necesario para elevar la conciencia.(entrevista hecha por Jean Carlo Gonzalo Cuba Yaranga)

Formulación de políticas con el enfoque basado en DDHH

El Perú cuenta con un Plan Nacional de Derechos Humanos, un acuerdo Nacional y un Decreto Supremo que recoge las políticas de obligatorio cumplimiento, dirigidas a promover la igualdad de oportunidades en relación a mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, adolescentes, niños y niñas concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado a suscrito. Sin embargo, existen serias dificultades por parte de nuestros gestores de políticas públicas para adecuar sus decisiones al marco internacional y constitucional, en parte debido al escaso conocimiento en torno a la aplicación de un Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) para las políticas públicas. Sin embargo, asumiendo que la política pública no es sólo la decisión política, sino la operativización de la misma, debemos señalar también como dificultad en el respeto de los derechos y promoción del desarrollo, a la prevalencia de una cultura funcionarial discriminatoria que contribuye a generar acciones que incumplen las obligaciones de garantía, respeto y protección de derechos, y que llevan a una ruptura entre los funcionarios y la ciudadanía en el trato cotidiano.

En este contexto, resulta necesario promover espacios de difusión y capacitación de este enfoque, como una importante herramienta para la promoción del desarrollo y la reducción de la pobreza. En ese sentido, la Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa, (CODHA) con el apoyo del Grupo Impulsor del Plan Nacional de Derechos Humanos, conformado por el Movimiento Para Que No Se Repita, Amnistía Internacional, Perú Equidad, CEDAL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, ha realizado en Arequipa, los días 21 y 22 de Junio el Taller METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CON ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS, dirigido sólo a funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa y Gobiernos Locales, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Universidad Católica de Santa María. Para este evento llegaron desde Lima la Dra. Renata Bregaglio Lazarte y el Dr. Alejandro Silva Reina, quienes abordaron los temas: el Enfoque de Derechos Humanos en las Políticas Públicas y el Plan nacional de Derechos Humanos.

PRONUNCIAMIENTOLA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA ES UN DERECHO

El Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita reunido en la XVII Reunión Nacional acordó, poner en conocimiento de la población peruana su indignación y protesta por la sorpresiva publicación el día de hoy 16 de junio de 2011, del Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM que vulnera el derecho a la reparación que tienen las víctimas y sus familiares, en ese sentido manifestamos lo siguiente:

1.El DS 051 establece el 31 de diciembre de 2011 como plazo final para la de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas individuales. De esta manera, las víctimas que pretendan inscribirse después del 31 de diciembre del presente año, no podrán acceder a su derecho a una reparación económica. Violando el derecho constitucional al trato igualitario. Asimismo contraviene el carácter permanente del Registro establecido en el art. 68 del Reglamento de la Ley 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones.

2.Señala como monto de reparación por desaparición forzada, muerte, discapacidad y violación sexual, la suma de 10 000 nuevos soles. Esta cifra ha sido impuesta sin ningún criterio técnico y de manera unilateral por el actual gobierno, desconociendo los múltiples esfuerzos realizados al respecto, y sobretodo, sin recoger la opinión de los afectados. Este monto arbitrario constituye un insulto al dolor y la dignidad de las víctimas y sus familiares.
Queremos recordar que las organizaciones de víctimas han alcanzado a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel una propuesta de criterios técnica para fijar el monto de las reparaciones que no ha sido considerada. Tampoco ha sido tomado en cuenta el informe de la Comisión Técnica conformada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en el que se formulan 4 propuestas de montos con sus respectivos sustentos técnicos. Asimismo, denunciamos que esta norma ha sido aprobada y publicada sin conocimiento del pleno de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel.

3.Durante los últimos 5 años, el gobierno ha hecho muy poco o casi nada por dar seguimiento a las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, evadiendo su obligación de reparar a los miles de familiares y víctimas del conflicto armado interno que sufrió nuestro país. Publicar esta norma a casi un mes de concluir el mandato presidencial, constituye un nuevo maltrato y vejación a la dignidad las víctimas del conflicto armado interno.

El Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita y las organizaciones de afectados queremos expresar nuestro profundo rechazo a esta norma impuesta por Alan García y Rosario Fernández, Presidente de la República y Primera Ministra, respectivamente, que mediante este decreto supremo pretenden desconocer el derecho legítimo de los ciudadanos y las ciudadanas, víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado interno. Esta medida no contribuye a cerrar las heridas, ni aporta a la reconciliación de nuestro país. Por todas estas razones, exigimos la inmediata derogatoria de esta norma.

El derecho a la reparación es un derecho fundamental, no es una dádiva. Es una obligación internacional y un compromiso ético del Estado peruano frente a las víctimas del Conflicto Armado Interno, por esta razón invocamos a las autoridades democráticamente elegidas para que se respete la voluntad de los afectados y demandamos su participación activa en este proceso.

Llamamos a la población a estar alertas y a permanecer vigilantes en estos últimos días de gobierno aprista, para denunciar y frenar estos actos inoportunos y arbitrarios, que lo único que pretenden es dividir a las organizaciones de afectados y aprovechándose de sus necesidades y pobreza.

El legado del fujimorismo: De tal palo, tal astilla

Para llegar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori se ha cubierto del manto del legado de su padre. En más de una ocasión ha afirmado que el gobierno de Alberto Fujimori fue el mejor que ha tenido el Perú en toda su historia.

Ahora que busca ir más allá del voto naranja, intenta moderar su discurso. Ante preguntas de medios afines (¡ahora casi todos!), ha reconocido que el gobierno de su padre fue autoritario, pero jamás acepta que tiene responsabilidad por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En una entrevista reciente, Keiko Fujimori afirma que los militares cometieron los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y si su padre cometió un error fue al no castigarlos inmediata y severamente.

A la desmemoriada Keiko Fujimori y sus simpatizantes, habría que recordarles que, tal como ha sido probado en el más alto tribunal de la justicia del país, su padre armó la estructura política y militar que permitió que esas violaciones se dieran. Es más: su padre hizo todo lo posible por negar la existencia de dichas violaciones y por proteger a sus autores, incluso la promulgación de las leyes de amnistía de 1995. Juega con la idea de que el mismo Fujimori mantuvo a lo largo del juicio en su contra por violaciones de los derechos humanos: salvó al Perú del terrorismo pero no es responsable de cualquier acto violatorio de los derechos humanos que se cometió en el camino. O sea, es el autor mediato de la lucha contra el terrorismo, pero no de las graves violaciones que se cometieron como parte de ella. No, pues.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel —en un juicio imparcial que garantizó con pulcritud su derecho al debido proceso— por tres casos: la masacre de 15 personas, incluso un niño de ocho años, en Barrios Altos; la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta; y los secuestros de los sótanos del SIE. Pero no fueron los únicos casos de violaciones de los derechos humanos cometidos durante su gobierno. Tal como señala el fallo condenatorio a Fujimori, el temible Grupo Colina, escuadrón de la muerte creado al interior de las Fuerzas Armadas con el aval de Alberto Fujimori, responsable por Barrios Altos y La Cantuta, cometió una serie de asesinatos y desapariciones por los cuales no ha sido enjuiciado Fujimori (debido a las reglas del tratado de extradición con Chile), tales como la desaparición de los campesinos de Santa, la desaparición del periodista Pedro Yauri y el asesinato de la familia Ventocilla.

Pero la violación de los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori va más allá aun de los casos cometidos por el Grupo Colina. Está el tema de la detención arbitraria de miles de peruanos y peruanas por la draconiana legislación antiterrorista de 1992. El mismo Fujimori se vio obligado a nombrar una Comisión Ad Hoc para revisar estos casos y indultó a más de 500 personas (miles más fueron indultados luego durante el gobierno de transición). No fueron terroristas, como Keiko Fujimori insinuó en el debate presidencial anterior a las elecciones, sino inocentes —y por eso fueron indultados—.

Está el tema de la desaparición forzada, una práctica de las fuerzas de seguridad desde los años ochenta que continuaba a inicios de los noventa. Algunos de estos casos cometidos durante los noventa ya han sido judicializados y sus autores materiales sancionados, como en el caso de la desaparición forzada del estudiante universitario Ernesto Castillo Páez o las autoridades locales de Chuschi. Pero otros no, como la desaparición del activista de derechos humanos de Huancavelica Angel Escobar Jurado, o los estudiantes Martín Javier Roca Casas y Kenneth Ney Anzualdo, quienes protestaron por la presencia de agentes de inteligencia al interior de la Universidad Nacional del Callao y luego fueron desaparecidos —y, según el testimonio del agente del Grupo Colina Jesús Sosa Saavedra, torturados y luego calcinados en los sótanos del SIE—.

Culpa a Montesinos y la fuerzas de seguridad para limpiar a su padre, tapando el sol con un dedo, pues fue su padre quien dio poder a Montesinos y cogobernó con las Fuerzas Armadas, a las que corrompió.

Hubo ejecuciones extrajudiciales en comunidades campesinas como Chumbivilcas, Santa Bárbara y otras. Ejecuciones extrajudiciales de personas que el régimen fujimorista consideró peligrosas por sus críticas al régimen, como el asesinato del secretario general de la CGTP Pedro Huilca Tecse. Ejecuciones extrajudiciales de personas rendidas, violación de toda ley de guerra, tal como se dio luego del rescate en la residencia del Embajador de Japón y luego del autogolpe en el penal Castro Castro.
Pero no se puede quedar ahí. El gobierno de Alberto Fujimori no solo violó los derechos humanos al matar, torturar y desaparecer a personas consideradas enemigas del régimen. También violó los derechos humanos al usurpar el poder, limitar la libertad de prensa, usurpar las funciones de otros poderes del Estado, corromper a los medios de comunicación y robar descaradamente de la arca pública. Gobernar con base en el miedo también viola los derechos humanos de los ciudadanos que no se sienten entonces seguros de poder ejercer libremente sus derechos de expresarse y de asociarse.

¿Será diferente un gobierno de su hija Keiko Fujimori? Difícil imaginarlo. Su intento de ir más allá de su base naranja queda chico, por decir lo menos. Ha reconocido el carácter autoritario del gobierno de su padre, y que se mató a los estudiantes de La Cantuta. Pero niega lo principal, lo evidente: que su padre fue el hilo conductor de un régimen nefasto que destruyó las ya debilitadas instituciones democráticas en el país, envileció a la política y gobernó con un arma como el miedo, la violación de los derechos humanos y la corrupción. Culpa a Montesinos y la fuerzas de seguridad para limpiar a su padre, tapando el sol con un dedo, pues fue su padre quien dio poder a Montesinos y cogobernó con las Fuerzas Armadas, a las que corrompió para mantenerse en el poder. Por años Keiko Fujimori ha prometido que indultaría a su padre al ser elegida presidenta, pero ahora jura “por Dios” que no lo hará, probablemente segura de que otros lo harán para que ella quede limpia. De tal palo, tal astilla. (Jo-Marie Burt)

Pronunciamiento colectivo frente a la segunda vuelta electoral y al desempeño del próximo gobierno nacional

El país debe elegir a su próximo Presidente entre los dos candidatos que lograron pasar a la segunda vuelta por decisión legítima de la mayoría de los electores. Ese triunfo electoral no disipa, sin embargo, las dudas que, en distintos grados y por diversos motivos, dichos candidatos generan respecto del futuro de nuestra democracia y de la afirmación de un país con paz, equidad y bienestar. En esas circunstancias, los ciudadanos y las organizaciones firmantes creemos que es nuestro deber hacer este pronunciamiento, el cual puede ser suscrito por otras personas y entidades independientemente de la opción que, muy naturalmente, hayan tomado en consonancia con sus principios. Este es un llamamiento a preservar nuestra actitud crítica y vigilante en defensa de un futuro democrático y justo para los peruanos.

El próximo gobierno tiene la obligación de respetar los pilares fundamentales de nuestra vida política y jurídica, incluyendo el principio de no reelección inmediata, así como el deber de asegurar la estabilidad económica y la libertad de los agentes económicos dentro de los límites de la moral y el derecho, orientando el quehacer del mercado hacia avances sustantivos para un desarrollo económico equitativo, incluyente y sostenible.

Por su parte la sociedad organizada debe asumir el papel de vigilar que el nuevo gobierno cumpla esas obligaciones en ámbitos fundamentales. De allí se desprende que:

1.Será esencial que el futuro gobierno garantice las libertades civiles de los ciudadanos y su igualdad ante la ley; mantenga la independencia de los poderes y en particular respete los fueros del Poder Judicial y sus sentencias. Asimismo será fundamental que asegure el respeto pleno de las libertades de prensa y de opinión.

2.Se deberá cumplir el Plan Nacional de Derechos Humanos. En concordancia con ello habrá un serio compromiso en la protección de esos derechos y en la reparación integral de todos quienes fueron víctimas de la violencia. Se deberá garantizar juicios independientes a los presuntos responsables de los crímenes, se acatará las decisiones o recomendaciones de las instancias internacionales de protección de derechos humanos, se rechazará toda acción que resulte en la impunidad de quienes hayan violado esos derechos, y se realizará reformas institucionales que eviten la repetición de los horrores del pasado.

3.Ha de emprenderse una decidida acción estatal contra los delitos de corrupción. Para ello, el gobierno deberá fortalecer el sistema de lucha contra la corrupción. Será necesario practicar la transparencia de la administración pública en todo nivel, ejercer el control administrativo y judicial de los delitos e impulsar la participación ciudadana en la fiscalización del manejo de los asuntos públicos.

4.Se deberá combatir, efectivamente y con respeto de la dignidad humana, la situación de pobreza y exclusión que afecta a un inmenso número de compatriotas. Se implementará las políticas de Estado del Acuerdo Nacional para fortalecer la democracia y el Estado de derecho y lograr un desarrollo económico efectivo y sostenible, así como se fortalecerá y se optimizará los programas sociales. Será indispensable dejar de lado las prácticas clientelistas que expresan una patente inefectividad gubernamental al tiempo que lesionan gravemente la dignidad de los ciudadanos.

Invitamos a otras organizaciones y personas afines a estas ideas a adherirse a ellas y proponemos constituir juntos una alianza cívica para vigilar el cumplimiento de los principios que aquí enunciamos, los cuales no son otros que los de una sociedad democrática.

Entrevista a Salomón Lerner Febres

¿Cuáles han sido los resultados de los Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos impartidos por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP)?

Los Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos han tenido como objetivo central el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil y comprometerla en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en la defensa y promoción activa de los derechos fundamentales.

Para ello, los participantes en esos programas fueron capacitados en diversas disciplinas, que les permitan adquirir conocimientos esenciales en derechos humanos, el funcionamiento de mecanismos de acceso a la justicia y la institucionalidad democrática, además de contar con herramientas para transmitir e implementar la doctrina y normativa en derechos humanos.

Entre 2007 y 2010 se realizaron seis Diplomas Descentralizados en Derechos Humanos en Ayacucho, Arequipa, Puno, Cajamarca, La Libertad y Ancash, en los que participaron, en total 240 personas (40 por taller). Los participantes expresaron su satisfacción con los programas brindados y la necesidad de repetir experiencias como éstas.

¿Qué consecuencias trae el desconocimiento de nociones básicas en Derechos Humanos?
En primer lugar, el desconocimiento de nociones básicas en derechos humanos por parte de los ciudadanos, coloca a éstos en una situación de vulnerabilidad, debido a que no conocen que situaciones pueden afectar sus derechos, ni la forma cómo reclamarlos o las autoridades a las que deberían acudir para defenderlos.

Si esta situación – bastante común – ya es preocupante, lo es más de lado de las autoridades. No nos referimos aquí a quienes desconocen cuales son los derechos de las personas a las que deben servir, sino, principalmente a aquellas que vulneran sus derechos y a quienes no toman a los derechos humanos como el norte de su actuación cotidiana, así como en la elaboración de políticas públicas.


En términos generales, los temas vinculados a derechos humanos no son muy tocados por los medios de comunicación, dado que, para muchos propietarios de diarios, radios y canales de televisión, dichos temas no atraen mayores índices de lectoría o sintonía.

Cuando los mismos son tocados, se presentan dos bandos diferenciados. De un lado, se encuentran aquellos que señalan que recordar hechos del pasado implica abrir heridas ya cerradas o – cuando se trata de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del orden – un ataque a instituciones o personas que merecen respeto por el mero hecho de tener un cargo público. De otro lado, están los periodistas sensibilizados con esta causa y que son rigurosos en la forma de presentar hechos que pueden ser dolorosos y sensibles para muchas personas.

Para mejorar la cobertura sobre esta materia, son necesarios tres elementos. El primero, una mayor disposición de los periodistas a investigar e indagar sobre estas materias. El segundo, un mayor acercamiento, en términos más sencillos, por parte de las organizaciones de defensa de derechos humanos y activistas de esta causa, a los medios de comunicación. El tercero está en presentar noticias vinculadas a temas como salud, educación, seguridad o justicia, servicios básicos reclamados por la población, como derechos humanos cuyo cumplimiento está en manos del Estado y no como una mera noticia sensacionalista o de coyuntura.

¿Por qué causa tanta controversia el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación?

Luego de ocho años de su entrega, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación genera desconcierto en algunos sectores, debido a que brindamos una explicación que va más allá de algunas nociones que se volvieron comunes y repetitivas durante la década de 1990.

En primer lugar, nosotros condenamos a Sendero Luminoso por las cruentas acciones que cometió en contra de la sociedad peruana, pero al mismo tiempo, procuramos dar a conocer al país la complejidad de esta organización. Entendimos que nuestra misión no era simplemente repetir que se trataba de una banda conformada por fanáticos, sino que había que entender a Sendero Luminoso, a la vez, como una organización política, que utilizó el espacio educativo para su prédica y acción, que realizó acciones terroristas, con potencial genocida y que tuvo como norte de sus actuaciones una interpretación retorcida de la ideología marxista.

Con ello, a contrario de lo que equivocadamente han planteado algunos críticos de nuestro trabajo, no justificamos las acciones de esta agrupación, sino que agravamos su carácter como principal responsable del conflicto armado interno.

La segunda noción que pusimos en contradicción fue aquella que pretendía soslayar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, tomando como pretexto para ello la contribución que tuvieron a la pacificación. Ciertamente, la CVR reconoció el derecho y el deber que tenía el Estado de defenderse de una amenaza a la democracia y de defender a sus ciudadanos de la vulneración de sus derechos, así como el valor y heroísmo de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa que cumplieron, con honor, con su deber y, en muchos casos, entregando la vida.

Sin embargo, el horizonte ético que fue el norte del trabajo de la CVR nos impuso como convicción que no debíamos dejar de señalar aquellos actos cometidos por agentes del Estado que vulneraron los derechos humanos. Y tampoco podíamos callar que, en algunos lugares y en algunos momentos, dichos actos fueron cometidos en forma sistemática o generalizada, lo que implica la ocurrencia de delitos de lesa humanidad. Ello no implica una ofensa a los institutos castrenses, sino, por el contrario, debió motivar una reflexión tendiente a zanjar responsabilidades y diferenciar entre héroes y quienes cometieron delitos.

Finalmente, la CVR generó controversia porque mandó un mensaje bastante duro sobre la exclusión, situación que fue el telón de fondo del conflicto armado interno. Las víctimas pertenecieron, en su mayoría, a los sectores marginados de nuestra sociedad y, además, la violencia se desarrolló en gran medida en lugares en los que existieron procesos de modernización truncos. El alto número de víctimas que estimó la Comisión y que no habían sido visibilizadas antes, así como la constatación de que un sector de peruanos estuvo dispuesto a dejar de lado la institucionalidad democrática a favor de un mal entendido sentido de seguridad, sostienen esta hipótesis.

¿Se podría bosquejar una hipótesis indicando la razón por que ciertos grupos se resisten al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación?
Hay que diferenciar entre dos sectores principales de críticos. En primer lugar, se encuentran aquellas personas que han sido señaladas como responsables por la CVR, debido a sus actos y omisiones. Entre ellos se encuentran las personas cuyos casos fueron judicializados a pedido de la CVR, como quienes fueron señalados como responsables políticos o representan a instituciones cuyo papel durante el conflicto armado interno fue cuestionado. Allí encontramos a miembros de partidos políticos, de las fuerzas armadas e incluso algunos altos representantes de la Iglesia Católica.

En segundo lugar, se encuentran quienes consideran que la causa de los derechos humanos es un tema “ideológico” o que sólo es tomado en cuenta por la izquierda y, por su aversión a ella, critican las acciones que los activistas a favor de los derechos fundamentales realizan. Este grupo de personas olvida que los derechos humanos fueron reconocidos originalmente por el liberalismo.

A ellos habría que sumar a un conjunto de personas que se mantiene indiferente ante estos temas o que, siendo víctimas del conflicto, ha optado voluntariamente por olvidar hechos que generan bastante dolor.

Ad portas de la segunda vuelta, ¿cuál sería la causa por la que un gran grupo de ciudadanos considera que lo esencial para la elegir al próximo gobernante es su posición en temas económicos?

Existe un sector del electorado que tiene una severa preocupación acerca del rumbo económico del país, sobre todo, en previsión de que se puedan repetir políticas que perjudiquen la estabilidad macroeconómica del país y que, en efecto, ha sido uno de los logros de esta década. Al mismo tiempo, hay un grupo de peruanos que considera que, si bien ha existido crecimiento económico, no ha sido suficiente para asegurar condiciones de vida más igualitarias y, en muchos casos, se ha tomado como referencia la compra de artículos de lujo como una señal de avance del país que no era real.

Sin embargo, cabe alertar a los electores sobre la existencia de otros factores, fuera del económico, que deberían ser meditados al momento de optar o no por alguno de los candidatos. Entre ellos se encuentran la corrupción, los derechos humanos, el manejo de los conflictos sociales, el clientelismo o la perversión de la ley a extremos de deformarla.

Qué opinión nos podría dar sobre que ambos candidatos presidenciales que son cuestionados por temas de Derechos Humanos y ninguno le ha dado la importancia debida
En términos generales, los temas de derechos humanos sólo han estado presentes para el cuestionamiento de los candidatos que han pasado a segunda vuelta. Tanto Keiko Fujimori, como representante de un gobierno en el que se violaron los derechos humanos y cuyo máximo líder se encuentra preso por vulnerarlos, como Ollanta Humala, procesado – aunque finalmente absuelto – por supuestas ejecuciones y torturas en la base de Madre Mía, han sido confrontados sobre esta materia.

Sin embargo, pocos han puesto atención a sus planes de gobierno. La señora Fujimori no presenta ni una sola propuesta sobre la materia, en un tema en el que su agrupación política tiene una larga deuda con el país. Sin embargo, llevar en su entorno a personas que negaron estos hechos y que han impulsado normas de amnistía o similares para impedir el procesamiento penal de violaciones a los derechos humanos, resulta un signo de lo que sería su política sobre estos hechos. Sus últimas declaraciones a favor de la construcción del Museo de la Memoria dan un giro tan forzado a su postura en torno a este tema que resulta poco sincera y creíble.

En el caso de Ollanta Humala, ha tenido algunos gestos y propuestas a destacar sobre la materia. Su agrupación firmó, en el mes de marzo, el Acta por la Justicia y la Vida, un compromiso con las víctimas del conflicto armado interno para impulsar políticas de reparación, judicialización y memoria. Asimismo, el plan de gobierno de Gana Perú menciona su compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, así como con los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, no se tiene como medida propuesta la generación de un Plan Nacional de Derechos Humanos que sea el instrumento central de política en la materia. (Entrevista hecha el 27 de abril de 2011 por Jean Carlo Gonzalo Cuba Yaranga)

Se lanzó en Arequipa campaña nacional “Fujimori nunca más”

El pasado viernes 13 de mayo, se lanzó en nuestra ciudad la campaña “Fujimori nunca más”, promovida por 79 instituciones integrantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) junto con otros colectivos de jóvenes, estudiantes, mujeres, artistas y público en general.

El lanzamiento se hizo con la proyección del video LA MATANZA DE BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA, que está encaminada a invocar abiertamente un voto en contra de la impunidad y la corrupción, representado por la candidatura de Keiko Fujimori.

Así, la CODHA se suman a la campaña “Fujimori nunca más” que reafirma su compromiso con la defensa de la vida y la democracia, incluyendo la lucha contra la impunidad, la corrupción y la pena de muerte.

Pronunciamiento de la Codha

Las organizaciones, instituciones, colegios profesionales que integran la Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa (CODHA), espacio regional que viene trabajando, por la promoción y defensa de los Derechos Humanos, nos dirigimos a las autoridades y ciudadanía en general para manifestar lo siguiente:

Ante el grave conflicto social generado por el proyecto Tía María, con enfrentamientos entre compatriotas y violaciones de los derechos humanos generando lamentables pérdidas de vidas humanas nos solidarizamos con el pueblo de Islay.
Nos preocupa que el no escuchar las voces de las comunidades afectadas por los conflictos medioambientales visibiliza otra forma de exclusión que fragmentan a nuestra sociedad peruana, agravadas por represiones desmedidas originando la muerte de connacionales.

Siendo la vida el valor supremo que todos debemos preservar, Deploramos la violenta represión perpetrada por los miembros del orden, Demandamos el respeto a los derechos humanos y Exhortamos cese la violencia represiva.

Por lo tanto, invocamos que por encima de todo se proteja la vida y se tome en cuenta la necesidad histórica de un plan de desarrollo nacional que incluyan programas de protección del medio ambiente.

Exigimos una profunda e imparcial investigación que determine la responsabilidad de las muertes ocurridas. Finalmente, la CODHA insta a que nuestras autoridades demuestren una voluntad de solución y buena fe, donde prime el interés del pueblo de Islay cancelando en forma definitiva el Proyecto de Tía María y que en posteriores situaciones similares se genere un espacio de permanente consulta y diálogo con las organizaciones representativas de las comunidades a fin de preservar la paz social.

Arequipa, 08 de Abril 2011

Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita I ENCUENTRO MACRO REGIONAL SUR

“HACIA LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS”
31 de Marzo, 1ro de Abril de 2011, Centro Cultural Santo Domingo - Moquegua.
PROGRAMA
Día 1: 31 de marzo de 2011

8:30 -9:00 Inscripción
9:00 -9:10 Presentación y Bienvenida del Encuentro
Marcos Aduvire: Coordinador del GIR Moquegua

9:10- 9:30 Inauguración del Encuentro
Alcalde provincial de Mariscal Nieto – Moquegua
Secretaría Ejecutiva del Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita.

9:30- 10:00 Panel 1
“Presentación del trabajo de los Grupos Impulsores del Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita en las Regiones ”
Francisca Quiñones – CISYR - GIR Arequipa
Maixa Vargas Gil - GIR Tacna
Frankie Flores - GIR Moquegua

10:05-10:35 Exposición
“Los Derechos Humanos en el contexto nacional y macro regional”
Pilar Arroyo - Analista política del Instituto Bartolomé de las Casas

10:35-11:10 Rueda de preguntas y comentarios

11:10 - 11:25 Intermedio

11:30 - 12:30 Exposición: “Conflictos en el Perú y en la Macro Región Sur”
Rolando Luque - Responsable de la Unidad de Conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo.

12:30 - 1:00 Rueda de preguntas y comentarios

1:00 – 3:00 Almuerzo

3:00 – 3:30 Presentación “Campaña nacional ¿Qué Perú estamos eligiendo?
Carolina Vera – Secretaría ejecutiva del Movimiento ciudadano Para Que No Se Repita

3:30 - 4:00 Rueda de preguntas y comentarios

4:00- 4.30 Presentación de Campaña VOTO INFORMADO

4:30 – 4:50 Cierre del primer día.

DIA 2: 1 de abril de 2011

8:30 -9:00 Inscripción de participantes

9:00 – 9:10 Bienvenida y Presentación del MC MPQNSR Tacna Moquegua Arequipa

9:10 – 9:40 Síntesis de panel y exposiciones del día anterior.

9:40 – 10:40 Panel: “Experiencias de inclusión y promoción del enfoque de derechos en las políticas públicas regional”

• Representante del Gobierno regional de Arequipa.
• Responsable de la Implementación del PNDH en Tacna.
• Gerencia de Desarrollo del Gobierno Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

10:40-11:10 Rueda de preguntas y comentarios

11:10 -11:35 Intermedio

11:35 – 12:05 Experiencia de la Campaña nacional “Todos los derechos todas las Regiones” en Arequipa, Tacna y Moquegua

12:05 - 12:20 Presentación: “Apreciaciones y lineamientos de los Grupos impulsores Regional Arequipa, Tacna y Moquegua, frente a los conflictos sociales”
12:20 – 12:40 Rueda de preguntas y comentarios

12.40 – 1:00 Conclusiones finales y clausura del evento

CISYR GIR Arequipa
GIR Tacna
GIR Moquegua
Carolina Vera – Secretaría ejecutiva del Movimiento ciudadano Para Que No Se Repita
Ana María Vidal - Instituto Bartolomé de las Casas

Jornada de Actualización y Presentación de las publicaciones sobre Trata De Personas

Cronograma de actividades para los días 23, 24 y -25 de marzo, que realizará la Veeduría Contra la Trata de Personas de la CODHA.


23 de marzo, 15.00: Capacitación a trabajadores de la Gerencia de Trabajo del GRA : “Agencias de empleo y Trata de Personas”. Lugar: Gerencia de Trabajo

23 de marzo,18.30:Capacitación a Miembros de la CODHA.Lugar: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

24 de marzo,10.00:Conferencia de Prensa: Lanzamiento del concurso periodístico
“Denuncia la trata de personas: Tu voz es su Libertad”.Lugar: Colegio de Abogados. Jerusalén 313 Cercado

24 de marzo,11.00:Presentación de las Publicaciones de Capital Humano y Social Alternativo:

-Estudio de percepción sobre el delito de trata de personas en el Perú.

-Balance de la implementación de la Ley 28950 y su Reglamento.

-Engañadas y encerradas: casos de trata de personas en el Perú 2010.

Lugar: Colegio de Abogados. Jerusalén 313 Cercado

24 de marzo,16.30:Actualización del delito de Trata de personas a operadores de justicia (I parte).Lugar: Corte Superior de Arequipa

25 de marzo,11.00:Reunión de trabajo con Gerentes de Trabajo y Transportes – Defensoría del Pueblo. Lugar: Defensoría del Pueblo

25 de marzo,16.30:Actualización del delito de Trata de personas a operadores de justicia (II parte). Lugar: Corte Superior de Arequipa

Proyecto de ordenanza regional de igualdad y no discriminación por orientación sexual y por identidad de género

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ordenanza Regional
El objeto de la presente ordenanza regional es establecer un marco normativo que promueva la igualdad y evite la discriminación por orientación sexual y por identidad de género en la Región.

Artículo 2. Definiciones
Para efectos de la aplicación de la presente ordenanza regional, entiéndase por:

1.Orientación sexual: Capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

2.Identidad de género: Vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

3.Población LTGB: Personas que se definen como lesbianas, travestis, transgéneros, homosexuales (gays) o bisexuales.

4.Discriminación por orientación sexual o identidad de género: Incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 3. Igualdad y no discriminación
Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado, de manera directa o indirecta, por su orientación sexual o identidad de género.

Artículo 4. Autodefinición
La autodefinición de la persona afectada es suficiente para establecer su orientación sexual o su identidad de género.

Artículo 5. Interpretación más favorable.
La igualdad y la no discriminación es un principio que informa a todo el ordenamiento jurídico. Cuando se presente duda sobre la interpretación o aplicación de una norma contenida en la presente Ley, o cuando exista conflicto entre normas, prevalecerá la interpretación más favorable para la protección de los derechos de las personas discriminadas.

Artículo 6. Carga de la prueba
Corresponde a la víctima de discriminación aportar indicios razonables de la realización del acto discriminatorio. Una vez establecidos dichos indicios, corresponde a la parte denunciada o demandada probar que su actuación no es discriminatoria. En estos casos, deberá de evaluarse la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada.

DERECHOS Y LIBERTADES

Artículo 7. Vinculación con otros derechos fundamentales
El ejercicio del derecho a la igualdad y la prohibición discriminación por orientación sexual y por identidad de género permite hacer efectivo el ejercicio de otros derechos.

Artículo 8. Derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad
La orientación sexual y la identidad de género forman parte de la intimidad de las personas y de su libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a mantener en reserva su orientación sexual y/o su identidad de género. Nadie puede revelar la orientación sexual o la identidad de género de una persona sin su consentimiento.

Artículo 9. Derecho a la educación
1.Toda persona tiene derecho a la educación, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
2.Son actos discriminatorios expresamente prohibidos en el ámbito educativo público o privado aquellos que por motivo de orientación sexual o identidad de género:
a.Impidan o limiten el acceso a la educación pública o privada.
b.Nieguen becas o cualquier otro beneficio o incentivo para la permanencia en el sistema educativo.
c.Regulen o apliquen sanciones disciplinarias.
d.Disminuyan las calificaciones obtenidas.
e.Generen o promuevan la estigmatización social o el acoso sexual o moral.
f.Incentiven a la persona a interrumpir su educación.
3.Los contenidos, métodos o materiales pedagógicos buscarán corregir las actitudes discriminatorias de los educandos e incentivarán un ambiente inclusivo en la escuela.
4.Los cursos de orientación sexual deben de ser inclusivos y no limitarse a estudiar las relaciones heterosexuales.
5.El personal educativo público o privado no puede obligar o incentivar a los educandos a someterse a tratamiento médico y/o psicológico con el fin de alterar o modificar su orientación sexual o su identidad de género.

Artículo 10. Derecho a la salud
1.Toda persona tiene derecho a la salud, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
2.Son actos discriminatorios expresamente prohibidos en el ámbito de la salud pública o privada aquellos que por motivo de orientación sexual o identidad de género:
a.Impidan o limiten el acceso a servicios de salud.
b.Impidan el acceso al sistema integral de salud y a sus beneficios o establecer limitaciones o restricciones para la contratación de seguros médicos.
c.Soliciten prueba de despistaje de VIH como requisito para realizar la atención médica.
d.Prohíban la donación de sangre.
3.Los protocolos médicos deben ser inclusivos, tomando en cuenta la orientación sexual y la identidad de género del paciente.
4.Las campañas de salud sexual y reproductiva deben ser inclusivas, incluyendo las distintas orientaciones sexuales e identidades de género.
5.El personal de salud no pueden obligar o incentivar a los pacientes a someterse a tratamiento médico y/o psicológico con el fin de alterar o modificar su orientación sexual o su identidad de género.
Artículo 11. Derecho al trabajo
1.Toda persona tiene derecho al trabajo, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
2.Son actos discriminatorios expresamente prohibidos en el ámbito de laboral público o privado aquellos que por motivo de orientación sexual o identidad de género:
a.Restrinjan la oferta de trabajo y empleo o impidan o limiten el acceso, el ascenso o la permanencia en un puesto de trabajo.
b.Establezcan diferencias en la remuneración, viáticos, comisiones, capacitaciones laborales, prestaciones sociales y en las condiciones laborales para trabajos iguales o de igual valor, duración y eficacia.
c.Generen o promuevan la estigmatización o el acoso sexual o moral.

Artículo 12. Derechos como consumidor
1.Toda persona tiene derecho a adquirir, utilizar o disfrutar como destinatarios finales productos y servicios, rigiéndose únicamente por las reglas del libre mercado, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
2.El personal de un establecimiento abierto al público no puede negar el ingreso, negar la atención o establecer tarifas más gravosas por motivo de la orientación sexual o identidad de género de una persona.

Artículo 13. Libertades personales
1.Las libertades personales están garantizadas, independientemente de la orientación sexual o identidad de género.
2.Son actos discriminatorios que atentan contra las libertades públicas aquellos que por motivo de orientación sexual o identidad de género:
a.Estigmaticen o prohíban muestras públicas de afecto.
b.Restrinjan la libertad de reunión.
c.Limiten o restrinjan la participación en la vida pública.
d.Trasladen a las personas de manera involuntaria, los detengan o limiten su libre tránsito.

Artículo 14. Derecho de petición
1.Toda persona tiene derecho de petición, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
2.Son actos discriminatorios que atentan contra el derecho de petición aquellos que por motivo de orientación sexual o identidad de género:
a.Estigmaticen a los peticionantes, generando un ambiente hostil que incentive el retiro o la no presentación del pedido.
b.Rechacen la recepción solicitudes o denuncias.
c.Limiten el acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva.
d.Establezcan requisitos adicionales a los establecidos para recepcionar la petición o denuncia.

Artículo 15. Derecho de acceso a la función pública
1.Toda persona tiene derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Este derecho implica:
a.Acceder o ingresar a la función pública.
b.Ejercerla plenamente.
c.Ascender en la función pública.
d.Permanencia en la función pública.

Artículo 16. Seguridad personal
Toda persona tiene derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado frente a todo acto de violencia o daño corporal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Artículo 17. Otros derechos
La enumeración de los derechos en la presente norma no excluye los demás que la Constitución y los tratados internacionales garantizan.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL

Artículo 18. Responsabilidad administrativa del funcionario público
1.Deberán aplicarse medidas administrativas disciplinarias de conformidad a Ley a los funcionarios públicos del Gobierno Regional que discriminen a un administrado por motivo de su orientación sexual o identidad de género.
2.Si se determina responsabilidad administrativa en un funcionario público por discriminación, deberá denunciarlo penalmente por violación del Artículo 323º del Código Penal.

ROL DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

Artículo 19. Rol promotor del gobierno regional
El Gobierno Regional asumirá un rol activo de promoción de la igualdad y la no discriminación, haciendo énfasis en la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Para ello:
1.Corresponderá al Presidente Regional y al Consejo Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social, implementar políticas públicas de promoción de la igualdad en los distintos ámbitos de competencia del gobierno regional, así como campañas de sensibilización.
2.El Consejo de Coordinación Regional deberá promover mesas de diálogo con la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general para tratar la problemática de la población LTGB en la región y plantear soluciones a la misma.
3.Corresponde al Gerente General realizar talleres de capacitación y sensibilización a su personal en torno a la problemática de la población LTGB..

Artículo 20. Rol articulador del gobierno regional
El Gobierno Regional, en su esfuerzo de promoción de la igualdad, cumplirá un rol articulador con otras entidades públicas en la región.

Artículo 21. Planes de desarrollo
El Gobierno Regional tomará en cuenta la problemática de la población LTGB en el diseño y ejecución de su Plan de Desarrollo Regional Concertado, así como en los restantes planes de desarrollo que realicen cuando así corresponda.

Artículo 22. Informe anual
El Gobierno Regional publicará un informe anual dando cuenta de la situación en la región en temas de igualdad y no discriminación, incluyendo la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Dicho informe deberá recoger los esfuerzos del Gobierno Regional en su rol de promotor de la igualdad y buscará recoger los esfuerzos que sobre la materia se realicen a nivel local. El informe se publicará en el Portal Web del Gobierno Regional.

Artículo 23. Gobiernos locales
El Gobierno Regional incentivará a los gobiernos locales de la región para la emisión de ordenanzas municipales que desarrollen la presente ordenanza regional en el ámbito de sus competencias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Vigencia
La presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Segunda. Difusión y publicación
Corresponde a la Secretaría del Consejo Regional efectuar la difusión y publicación de la presente Ordenanza Regional en el diario de mayor circulación de la Región y en el Portal Web del Gobierno Regional.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proceso de descentralización emprendido por nuestro país en la última década ha traído consigo una serie de retos y posibilidades en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Con la creación de los gobiernos regionales, se ha abierto un nuevo nivel de gobierno, el cual busca ser un actor más cercano a la ciudadanía que el gobierno nacional, lo que podría convertirlo en un agente fundamental para lograr el reconocimiento, respeto y tutela de los derechos fundamentales de todos y todas.

Los gobiernos regionales están tomando conciencia de este importante rol que pueden cumplir. Por ello, en los últimos meses se ha venido promulgando en distintas regiones del país ordenanzas regionales contra todo tipo de discriminación. Dichas ordenanzas constituyen un importante primer paso para promover la igualdad de todos y todas, sin embargo es fundamental ir más allá, prestando especial atención a los sectores más vulnerables. Este es el caso de la población lésbica, trans, gay y bisexual (LTGB).

Nuestra Constitución señala que está prohibida la discriminación de toda índole , el Código Procesal Constitucional indica la discriminación por orientación sexual como motivo para presentar un amparo y el Tribunal Constitucional ha reconocido que la orientación sexual y la identidad de género son parte de la dignidad de la persona . Asimismo, desde que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud excluyó la orientación sexual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades han existido una serie de pronunciamientos internacionales en la misma línea. Uno de los pronunciamientos más recientes es el de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el cual aprobó una resolución condenando los actos de violencia contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género .

Sin embargo, estos avances no se han traducido en un cambio de paradigma en nuestra sociedad, donde la población LTGB continúa siendo violentada. de sus derechos fundamentales. A diario vemos que sus derechos son vulnerados por agentes privados y por el propio Estado, y un elemento común en dichos actos es que se suele considerar que no se está realizando vulneración de derechos alguna, cuestionando de manera implícita la existencia misma de sus derechos. El Informe sobre la situación de los derechos humanos de lesbianas, gays bisexuales y trans en el Perú da cuenta de incontables casos de violencia contra población LTGB, muchos de los cuales no pueden ser denunciados por las dificultades puestas por los órganos estatales para recibir dichas denuncias. Asimismo, dicho informe da cuenta de otras vulneraciones a derechos fundamentales cuyo común denominador se encuentra en que son producto del rechazo a la orientación sexual o identidad de género de las víctimas.

La presente ordenanza busca cambiar dicha situación en la región, estableciéndose como una herramienta efectiva para proteger los derechos fundamentales de la población LTGB. Para ello, la ordenanza empieza por aclarar conceptos, definiendo qué entendemos por orientación sexual, identidad de género, población LTGB y discriminación. Asimismo, la norma busca superar los principales obstáculos con los que se encuentra cualquier norma contra la discriminación, para lo cual se revierte la carga de la prueba y se busca la prevalencia de la interpretación de las normas más favorables a los discriminados. Luego, se realiza un esfuerzo por visibilizar las principales expresiones de discriminación por orientación sexual e identidad de género, indicando los derechos fundamentales involucrados. Es importante señalar que la norma aclara que no se trata de una lista taxativa y que no se excluye los demás derechos que la Constitución y los tratados internacionales garantizan.

Por último, la ordenanza establece una serie de directivas que buscan convertir al gobierno regional en un ente promotor y articulador de la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la región, indicado las responsabilidades de las distintas instancias que la conforman. Asimismo, se busca generar un mecanismo de seguimiento de la problemática y de los avances logrados – mediante el informe anual – e incentivar un “efecto cascada”, para que los gobiernos locales de la región desarrollen la norma en el marco de sus competencias.

Un aspecto a ser destacado es que con la presente propuesta no solo se busca asegurar la adecuada tutela de los derechos de la población LTGB en la región, sino que se pretende generar una herramienta que sirva para concientizar y educar a la población en torno a los derechos fundamentales de la población LTGB. Este esfuerzo no debe ser entendido solo como un acto de reivindicación de un sector específico de la población sino como un esfuerzo por lograr una sociedad más justa e inclusiva. El esfuerzo parte desde la región, con la esperanza de que sea replicada en otras regiones y logre así articularse un esfuerzo nacional.

Vargas Llosa y los derechos humanos

-¡Golpe! ¡Golpe! –gritaban desesperadas las señoras con hábito del Señor de los Milagros.

Así reaccionaron cuando supieron que Mario Vargas Llosa había perdido en la segunda vuelta frente al ingeniero Alberto Fujimori.

Tres años antes, el escritor había regresado al Perú para encabezar las protestas contra el estatismo que promovía el primer gobierno de Alan García y en 1990 se presentaba a las elecciones empeñado en liberalizar la economía peruana.

Muchos peruanos temían el shock económico que Vargas Llosa anunciaba, con sinceridad poco común en los políticos y, además, lo percibían con desconfianza por su unión con los grupos tradicionales de poder, evidenciada en la millonaria y arrogante campaña del FREDEMO.

Sin embargo, pese al clamor de las angustiadas señoras, Vargas Llosa prefirió aceptar el triunfo de Fujimori y regresar a la vida literaria.

Dos años después, el shock y el golpe los había llevado a cabo Fujimori. La abrumadora mayoría de peruanos, incluidos los grupos empresariales cercanos a Vargas Llosa, respaldaron el autogolpe, creyendo que era necesario frente a la amenaza del terrorismo. Cuando Vargas Llosa declaró que era una medida antidemocrática, muchos le contestaron que todavía le dolía que los peruanos no hubieran votado por él.

Pocos se dieron cuenta que el autogolpe tenía otra finalidad: a través de la Constitución de 1993 Fujimori estableció un modelo económico neoliberal, reduciendo la presencia del Estado en la economía, disminuyendo los derechos sociales y logrando mayores beneficios para los inversionistas.

De hecho, con la derrota del terrorismo, las inversiones se reanudaron aceleradamente. Al mismo tiempo, una política asistencialista permitía a Fujimori mantener el respaldo entre los sectores populares. Así fue reelegido en 1995, derrotando a otro peruano célebre, Javier Pérez de Cuéllar.

En medio del entusiasmo generalizado, los únicos aguafiestas eran los organismos de derechos humanos, denunciando los crímenes de La Cantuta o Barrios Altos y Vargas Llosa, que seguía criticando a Fujimori, aunque esto implicara distanciarse de los grupos empresariales. A éstos les reprochaba que los logros económicos de la “satrapía cleptómana”, como llamaba al régimen, no justificaban ni la concentración del poder ni las violaciones a los derechos humanos. La respuesta frecuente era que Vargas Llosa no vivía en el Perú y no era testigo de los cambios positivos que se venían produciendo.

Los sucesores de Fujimori optaron por mantener su Constitución y su modelo económico. Paradójicamente, el más decidido a profundizarlo fue García, tras ser reelegido en el 2006. Inclusive se reunió con Vargas Llosa y 18 años después de las protestas que había generado la estatización de la banca, parecía sellada una reconciliación… de no ser porque los derechos humanos se mantenían en la preocupación de Vargas Llosa.

En enero del 2007, cuando algunos medios de comunicación divulgaron que El Ojo Que Llora era un santuario en memoria de los terroristas, él acudió a visitar el monumento y luego escribió un artículo denunciando esas acusaciones como resultado de “la ignorancia, la estupidez y el fanatismo político” y respaldando el Informe de la Comisión de la Verdad (http://www.elpais.com/articulo/opinion/ojo/llora/elpepuint/20070114elpepiopi_5/Tes). El año pasado, intervino también cuando el gobierno rechazó la donación alemana para erigir un museo de la memoria (http://www.elpais.com/articulo/opinion/Peru/necesita/museos/elpepucul/20090308elpepiopi_13/Tes) y no sólo logró que García revirtiera esta decisión, sino que aceptó presidir la comisión encargada de levantar el futuro museo.

El pasado 13 de setiembre, sin embargo, Vargas Llosa le escribió a Alan García declarando que renunciaba irrevocablemente a dicha comisión debido a la promulgación del Decreto Legislativo 1057, en un texto durísimo http://e.larepublica.pe/image/2010/setiembre/13/Carta-de-renuncia-de-Mario-Vargas-Llosa.pdf donde le enrostraba su alianza con el fujimorismo. De hecho, en aquellos días los miembros del Grupo Colina ya habían solicitado que se les aplicara esa norma para archivar el proceso en su contra.

García había sido indiferente a las críticas de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, del Presidente de la Conferencia Episcopal, del Ministerio Público y del Colegio de Abogados de Lima, pero la carta del 13 de setiembre, generó un “golpe” en un sentido muy distinto al que pedían las señoras con hábito morado veinte años antes: el Decreto Legislativo fue derogado y su promotor, el Ministro de Defensa Rafael Rey debió dejar el cargo.

El 1º de octubre, los miembros del Grupo Colina y Vladimiro Montesinos recibieron la severa condena que merecían por sus crímenes. Probablemente, esto no hubiera ocurrido sin la carta de Mario Vargas Llosa.

Su preocupación por los derechos humanos me recuerda a Emile Zola, que también quedarse durmiendo sobre sus laureles como novelista, pero decidió apoyar a alguien que no conocía, pero que había sido injustamente condenado, el capitán Alfred Dreyfus. Zola enfrentó a una opinión pública adversa, pero no cejó hasta lograr que Dreyfus fuera liberado y rehabilitado.

Por todo ello, el anuncio del Premio Nóbel, semanas después de la carta del 13 de setiembre, es un justo reconocimiento a la trayectoria de Vargas Llosa como escritor y como ciudadano. (Wilfredo Ardito)

Nueva Junta Directiva en la CODHA

En acto democrático y respetando los Estatutos de la CODHA, se celebró las elecciones para la nueva Junta Directiva, periodo 2010-2012. A partir de ahora, la flamamente Presidenta de nuestra orgnización es la Dra. Ida Velásquez, acompañada en la Vicepresidencia por Myrian Quiñonez.
Ambas tendrán la responsabilidad de seguir trabajando por la CODHA en su fortalecimiento, además de enfrentar los nuevos retos que se avecinan ligados a un nuevo período donde tiene que renovarse el Plan Nacional de DDHH.
Suerte y mucho trabajo para esta nueva Junta Directiva.

La Codha en la Feria Internacional del Libro

I.- Campaña Nacional “NINGÚN TRABAJO VALE MÁS QUE TU LIBERTAD”

DIA 21 DE SEPTIEMBRE (2.00- 4.00 PM)
Auditorio Audiovisual

Cine Foro: “CRIMEN SIN PERDON”
Inspirada en un artículo sobre el terrible mundo del tráfico sexual, esta impactante película narra la búsqueda desesperada de un joven, en busca de su hermana desaparecida. Desde la ciudad de México, pasando por Texas y hasta Nueva Jersey, Jorge (César Ramos) trata de encontrar a su hermana Adriana (Paulina Gaitán) antes de que sea vendida al mundo subterráneo de la prostitución, del que pocas víctimas logran escapar. Afortunadamente para ella, otra joven víctima de origen polaco, Verónica, la protege lo mejor posible durante su terrible experiencia. En Texas, el policía Ray Sheridan (Kevin Kline) entiende bien lo que Jorge está pasando, por experiencia propia, y lo ayuda en una desesperada carrera contra el tiempo para salvar a la joven en venta.
Conversatorio: “TRATA DE PERSONAS – ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI” (4.15-5.15 PM)

“CAMPAÑA LUPITA - OJO A LA HOJA DE VIDA DE TU CANDIDATO”

II.- Campaña Nacional “QUÉ PERÚ ESTAMOS ELIGIENDO?”

DIA 22 DE SEPTIEMBRE (2.30 PM – 4.30 PM)
Auditorio Audiovisual

Cine Foro: “VOTA POR MI”

En China, los alumnos de una escuela primaria de Wuham eligen por primera vez a su delegado de clase. Los niños descubren una democracia que no existe en ningún otro lugar de su entorno.

Conversatorio: “¿QUÉ PERÚ ESTAMOS ELIGIENDO?” (4.45 PM -5.45 PM)

III.- CONFERENCIA: “TRATA DE PERSONAS – ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI”
Lugar: Goyeneche 315 Cercado Auditorio Colegio de Obstetras
Hora: 2.30 pm

Conferencia

Renuncia de Mario Vargas Llosa a la Comisión del Lugar de la Memoria

Señor Presidente:
Por la presente le hago llegar mi renuncia irrevocable a la Comisión Encargada del Lugar de la Memoria cuya Presidencia tuvo usted a bien confiarme y que acepté convencido de que su gobierno estaba decidido a continuar el perfeccionamiento de la democracia peruana tan dañada por los crímenes y robos de la dictadura de Fujimori y Montesinos.

La razón de mi renuncia es el reciente Decreto Legislativo 1097 que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos -asesinatos, torturas y desapariciones-, entre ellos al propio exdictador y su brazo derecho. La medida ha indignado a todos los sectores democráticos del país y a la opinión pública internacional, como lo muestran los pronunciamientos del Relator de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo y representantes de numerosas organizaciones sociales y políticas, entre ellos algunos congresistas apristas. Coincido plenamente con estas protestas.

Hay, a mi juicio, una incompatibilidad esencial entre, por una parte, auspiciar la erección de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980 y, de otra, abrir mediante una triquiñuela jurídica la puerta falsa de las cárceles a quienes, en el marco de esa funesta rebelión de fanáticos, cometieron también delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento a la sociedad peruana.

Ignoro qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno y dar razón a quienes lo acusan de haber pactado en secreto una colaboración estrecha con los mismos fujimoristas que lo exiliaron y persiguieron durante ocho años. En todo caso, lo ocurrido es una verdadera desgracia que va a resucitar la división y el encono político en el país, precisamente en un periodo excepcionalmente benéfico para el desarrollo y durante un proceso electoral que debería servir más bien para reforzar nuestra legalidad y nuestras costumbres democráticas.

Pese a haber sido reñidos adversarios políticos en el pasado, en las últimas elecciones voté por usted y exhorté a los peruanos a hacer lo mismo para evitar al Perú una deriva extremista que nos hubiera empobrecido y desquiciado. Y he celebrado públicamente, en el Perú y en el extranjero, su saludable rectificación ideológica, en política económica sobre todo, que tan buenas consecuencias ha tenido para el progreso y la imagen del Perú en estos últimos años. Ojalá tenga usted el mismo valor para rectificar una vez más, abolir este innoble decreto y buscar aliados entre los peruanos dignos y democráticos que lo llevaron al poder con sus votos en vez de buscarlos entre los herederos de un régimen autoritario que sumió al Perú en el oprobio de la corrupción y el crimen y siguen conspirando para resucitar semejante abyección.

Lo saluda atentamente,

Mario Vargas Llosa

Asamblea

Estimados amigos de la CODHA:
Previos saludos, y retomando actividades que se programaron en la última reunión, se les comunica que la siguiente asamblea es el día Miércoles 15 de Setiembre a las 5.30 pm. en Corbacho 122 1er. piso. Esperamos vuestras confirmaciones por este medio o al teléfono 958976004.

Agenda a tratar:
Elecciones internas 2010
Informes de las Comisiones de Trabajo
Veeduría Contra la Trata de Personas